El Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio (Mover) informó este miércoles que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso de nulidad del cronograma para la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro.
Cronograma para el revocatorio
El Consejo Nacional Electoral estableció este miércoles, 26 de enero, la fecha para la recolección de las firmas, lo que implicó un plazo de apenas nueve días desde que aprobó la solicitud para activar el proceso (el 17 de enero).
Mover denunció que el plazo que dio el CNE hacía inviable la recolección de firmas, por lo que introdujo una impugnación. Sin embargo, se alcanzó la fecha pautada por el órgano electoral sin responder al recurso.
Por ello, Nicmer Evans, vocero de Mover, dijo este miércoles que acudirán al TSJ para introducir el recurso de nulidad ante el cronograma que consideró «ilegal».
“Hoy la gente no salió a validar un cronograma que es inconstitucional porque está exigiendo que se tenga verdaderas condiciones para lograr el objetivo”. Así lo dijo Evans desde el Liceo Andrés Bello, uno de los puntos de recolección de firmas.
En su balance, indicó que como esperaba, la ciudadanía no salió a firmar, lo que demuestra que el proceso en las condiciones impuestas por el CNE es inviable.
Solo se recolectarían 200.000 firmas de las 4,3 millones que se necesitan
En ese sentido, dijo que se constató que el proceso para la expresión de las voluntades involucra un mínimo de 4 minutos, lo que impide recolectar 4,3 millones de firmas en un solo día con la cantidad de puntos dispuestos.
En este sentido, denunció que aunque ya eran pocos los 1.200 puntos anunciados por el CNE, se instalaron menos, solo 710 puntos.
“El cálculo que se da según la capacidad instalada es que a esta hora se podría arrojar solamente la capacidad de 201.600 de voluntades y necesitamos 4,3 millones”, afirmó.
A ello se le debe agregar que para activar el revocatorio se necesitan las firmas de al menos 20% del registro electoral por estados.
Es decir, que aunque se consiguiera la cantidad necesaria en función del padrón electoral nacional, el proceso no avanzaría si en alguna entidad las manifestaciones de voluntad representaran menos del 20% del registro estatal.