“Más de 111.000 kilómetros cuadrados de territorio están siendo devastados por el Arco Minero, víctimas de un gran impacto ambiental”, denunció este miércoles el diputado José Gregorio Graterol, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional.
A su juicio, este “es uno de los crímenes ambientales más grandes de los que el mundo tenga conocimiento”, por lo que requiere de todo el respaldo internacional para frenar la contaminación del ecosistema y la violación de los derechos humanos en contra de las etnias por la minería ilegal.
Debido a esta situación, afirmó que llevarán la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas para solicitar el acompañamiento necesario que requiere la lucha por la recuperación del medioambiente en el país.
Mencionó, además, que existen “arquitos mineros” en muchos de los parques nacionales, en los que se llevan a cabo labores de minería ilegal que contaminan estos sitios naturales de donde proviene 80% del agua.
“Hemos emprendido un proceso de protección en contra de la explotación minera en el sur de Venezuela. Ahora necesitamos darle todo el rango, impulso e importancia a escala internacional para que la lucha contra este crimen no sea solo en el país”, señaló.
Graterol informó que en la comisión están trabajando en proyectos de ley sobre el cambio climático, parques nacionales y en materia de reciclaje, ante el grave problema que representa para la nación la situación de los desechos sólidos.
También están investigando la contaminación por los derrames petroleros en los estados Anzoátegui, Falcón, Zulia y Carabobo, y por la Planta de Cementos Pertigalete.
Con el objetivo de “insertar a Venezuela en la lucha por la protección del ambiente”, indicó que asistirán al Congreso Mundial de Energía y a la 25.º Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, actividades que se celebrarán en septiembre en España y a finales de año en Chile, respectivamente.
Plan País
El presidente de la instancia legislativa afirmó que con base en el Plan País trabajan a fin de recuperar la institucionalización y la descentralización, debido a que actualmente no hay instituciones ambientales que velen por el cumplimiento de políticas públicas que vayan dirigidas a proteger la biodiversidad y el ecosistema.
La diputada María Gabriela Hernández, integrante de la comisión, afirmó que en el proyecto, que será aplicado cuando cese la usurpación, existen medidas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, a fin de que las personas que actualmente se encuentran “sin luz, sin agua, sin alimentación y afectados en su identidad genética” tengan una mejor calidad de vida.
“Podemos hacernos de nuestros servicios sin afectar los ciclos de la vida, el ambiente, conservando la sostenibilidad de los recursos naturales que Dios nos ha brindado generosamente a los venezolanos. Podemos no solo reconstruir nuestro país para el bien de estas generaciones, sino también para el de las generaciones futuras”, afirmó.