Luis Sánchez-Merlo publicó un artículo de opinión en el diario Voz Populi donde recordó al historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze, uno de los primeros en manifestarse en contra del embargo de El Nacional, y su conocimiento sobre la situación de lo que sucede en Venezuela fue lo que sustentó su escrito.
«Lo que enfrenta a este diario con el gobierno de Caracas es haber sido -durante los más de 20 años de la revolución- crítico pertinaz de los abusos del régimen, tiempo en que ha ido eclipsándose el periodismo independiente. Este medio -cuya edición en papel dejó de circular en 2018- sobrevive en formato digital, desde su improvisado exilio en Madrid, donde sigue resistiendo», indicó Sánchez-Merlo.
Inicios del embargo de El Nacional
El experto recuerda que el despojo empezó hace seis años con la réplica de una nota del diario español ABC. En esta se vinculaba al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, a una red de narcotráfico. También se habla de la investigación de Estados Unidos en su contra. Esta noticia fue replicada en 80 periódicos, entre ellos The Wall Street Journal.
En respuesta, en mayo de 2021, Cabello demandó al diario venezolano alegando “daño moral”.
«En febrero de 2022, al término de un proceso judicial, considerado opaco y arbitrario, una jueza de Caracas —hermana del contralor general de la República— convocó un procedimiento, estimado irregular y clandestino, que quebrantaba las reglas procesales, en el que se formalizó un remate judicial de la propiedad, sin haberse respetado los canales regulares de información pública. La magistrada adjudicó directamente al demandante la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que está construida, a lo que el agraciado pronto encontró destino: la creación una universidad dedicada a la comunicación», recordó.
Un acto que merece condena
La incautación de una propiedad privada, usando la justicia a su antojo, sin mediar un proceso judicial en condiciones, es un acto muy grave en cualquier país, latitud o hemisferio, apunta el diario español. Además apuntan que «desactivar un medio de comunicación —hasta su extinción física— porque molesta al poder, merece una condena ejemplar como la que exige Krauze: “Salvo el caso de la confiscación general de la libertad, hace 60 años, después de la revolución cubana, no conozco caso igual más grave, más terrible, al que en estos días ha perpetrado la dictadura venezolana en contra de ese diario».
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