En 2004 el diputado Luis Lippa, siendo gobernador de Apure (2000-2004), entregó a la entidad un centro materno infantil. La inversión se aprobó a través de la Ley de Asignaciones Espaciales y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Ese mismo año se aprobaron los recursos para la dotación de insumos del lugar. Pese a que Lippa estaba por culminar su período, el dinero quedó aprobado para garantizar la operatividad del lugar con el próximo gobierno regional.
13 años después el centro asistencial no fue terminado ni está operativo y Lippa fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por ese asunto. El ente señala, según explica Lippa, que “hubo algunas observaciones en los procedimiento administrativos” en la construcción del centro materno infantil. La sanción contempla una multa –Lippa no especificó el monto– y una inhabilitación por 13 años. Él aspiraba competir por la candidatura de Apure en las elecciones regionales de octubre. De hecho, el 14 de agosto se inscribió su ante el Consejo Nacional Electoral y fue admitido. Al día siguiente, el CNE le comunicó sobre la inhabilitación impuesta por la Contraloría. “¿Por qué no castigan a quienes tuvieron que haber asumido la responsabilidad de poner a funcionar el materno infantil, si al finalizar mi mandato se dejó el dinero para su operatividad? ¿Dónde quedaron los equipos y los recursos aprobados? La Contraloría debería ser diligente e investigar eso. Pero se esperaron 13 años y el momento más oportuno para sacarme del juego político”, manifiesta Lippa.
Uno tras otro
La inhabilitación política es otro mecanismo que ha usado el gobierno para sacar del terreno a la oposición. De abril a agosto de este año han sido 12 los inhabilitados políticos tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como la Contraloría General de la República: Los diputados Luis Lippa, Adriana D’Elia y Germán Ferrer. Los gobernadores de Miranda y Amazonas, Henrique Capriles y Liborio Guarrulla, respectivamente, sacados del juego político por 15 años. Los alcaldes Ramón Muchacho, Alfredo Ramos, David Smolansky, Gustavo Marcano, Carlos García Odón además de dictar prisión por 15 meses los inhabilitaron políticamente por el mismo tiempo.
El defensor de derechos humanos de Provea, Inti Rodríguez, explica que cuando una persona es declarada culpable, una de las penas accesorias es la inhabilitación por determinado tiempo: “La Contraloría se ha robado esa facultad, violando el derecho al debido proceso y convirtiendo la inhabilitación como pena central es vez de accesoria”.
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señala que el gobierno “ha utilizado todo el poder como una de las primeras herramientas de persecución, fusilamiento político, represión y encarcelamiento”.
Es una práctica sistemática. Durante 18 años que ha gobernado el Partido Socialista Unido de Venezuela, las inhabilitaciones políticas empiezan ha dictarse en las vísperas de algún un proceso electoral. “Esa es una barajita que se juega el gobierno cada vez que viuene una elección”, señala Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN.
En 2015 María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, fue inhabilitada por la Contraloría durante 12 meses. Supuestamente Machado no declaró unos cestatickets que habría recibido de la Asamblea Nacional. Ella pretendía postularse a las elecciones parlamentarias de ese año. En esa misma oleada de sanciones para Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, la sanción fue por 10 años. También aspiraba llegar al Parlamento.
Manuel Rosales ha sido inhabilitado en dos ocasiones. En 2010 cuando fue acusado de incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y luego en 2015 por un periodo de 7 años y 6 meses. Para entonces, Enrique Márquez, presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, dijo que el hecho ocurrió un día después de que UNT anunciara que le estaba solicitando a Rosales que encabezara la lista de los candidatos a diputados por Zulia. La Contraloría destacó que Rosales incumplió reiteradamente la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como mandatario regional en Zulia (2004-2008) y al ingreso y cese de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo en 2008. Otros que también han sido inhabilitados son Enrique Mendoza (2007 al 2010) y Antonio Ledezma (2005).
Con respecto al caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, sobre él pesan dos inhabilitaciones. La primera con sentencia del TSJ de 2005, cuando fue sancionando por una donación que Pdvsa dio en 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia. La inhabilitación comenzó a regir, según la Contraloría, el 9 de diciembre de 2008 al día siguiente que cesó de su cargo de alcalde de Chacao. Al transcurrir esos 6 años de sanción, en 2014, se inició la segunda por 3 años. Se le acusó de un traspaso de dinero de una partida a otro, autorizado cuando fue alcalde de Chacao en 2002.
El 10 de diciembre de 2017 culmina el periodo de inhabilitación política para López. “Si ya no pesa sobre sí la inhabilitación podría participar en un evento electoral, lograr su libertad bajo esta figura. Muchos dirigentes de izquierda ganaron comicios y por ende la libertad”, señala Rodríguez. Sin embargo, advierte que el gobierno se puede valer de ciertos mecanismos inconstitucionales para extender la inhabilitación de quienes ya son objeto de sanción.
Otra forma de persecución
No solo se trata de inhabilitaciones. La diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, expresa que la persecución es contra todo aquel que sea dirigente y se extiende a los familiares. “Nuestra familia es constantemente perseguida, son casos que uno no denuncia. Te persigue la patrulla del Sebin día y noche. Eso afecta a la familia. Yo tengo un hijo pequeño, el lunes abrió su Instagram y recibió una foto de un grupo donde le decían que a su mamá tenían que meterla presa. O cuando ve a los personeros del régimen decir que su mamá es una desgraciada y hay que matarla”, relata.
Guaidó asevera que desde la constituyente hay rumores y la intención de continuarlas: “Quieren aniquilarnos políticamente. No tienen cómo ganar en un proceso electoral. Es un régimen entrampado, por eso persiguen. Y en ese marco utilizan la constituyente y al TSJ”, explica.
El 18 de agosto, el presidente del Consejo Legislativo y director electoral del Comando Zamora 200 de Táchira, Omar Hernández, expresó que los diputados Laidy Gómez, Juan Requesens y la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, podrían ser inhabilitados: “Ellos violaron el derecho que tienen los venezolanos al libre tránsito, a la salud”, sostuvo. Expresó que la Comisión de la Verdad de la asamblea constituyente se encargará de establecer las responsabilidades.
Gómez y de Ceballos son candidatas a la gobernación de Táchira por Acción Democrática y Voluntad Popular, respectivamente. Mientras que Requesens por Primero Justicia.
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