Padres de los jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 denunciaron que el Ministerio Público y los tribunales han denegado la justicia en los 137 casos que se produjeron entre abril y agosto. Señalaron que las instituciones del Estado se mantienen silentes a las quejas de retardo procesal de los “ajusticiamientos extrajudiciales” cometidos por los cuerpos de seguridad.
“La impunidad en la que se encuentran los crímenes es una vulneración a nuestros derechos humanos”, manifestó José Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete de 20 años de edad, asesinado el 26 de abril en Altamira, al leer un comunicado del grupo de familiares.
Los casos tienen elementos en común, uno de ellos es que luego de que la ANC designó a Tarek William Saab como fiscal general, las investigaciones se paralizaron. Solo excepcionalmente ha habido avances, pero lentos, y no hay sentenciados. Familiares indicaron que el retardo judicial también se debe a que los cuerpos de seguridad se niegan a dar información para las investigaciones.
El asesinato de Pernalete fue resuelto por el Ministerio Público, en la administración de Luisa Ortega Díaz, quien denunció que fue un GNB que disparó a quemarropa una bomba lacrimógena al pecho del estudiante. Pese a esta acusación ningún funcionario está detenido. “A mi hijo lo cazaron, tenemos las pruebas. El expediente está completo, han pasado 10 meses y continuamos sin justicia”, expresó Elvira Lovera, madre del joven.
El 16 de junio, en Barquisimeto, asesinaron a Nelson Arévalo. Su madre, Damari Avendaño, manifestó que ni siquiera le han asignado el número de expediente al caso. “Hoy hace ocho meses que asesinaron a nuestro hijo y no han determinado quién es el culpable”, dijo ayer.
“¿Por qué tienen que esconder a los responsables?”, preguntó Luis Castillo, padre de Miguel Castillo, asesinado cuando fue impactado por una metra en el tórax durante una protesta en Las Mercedes. Hasta la fecha desconocen quién es el responsable de la muerte de su hijo, pese a que en videos y fotos identificaron al funcionario de la GNB que disparó. El expediente reposa en los archivos de la Fiscalía.
Del grupo, solo los casos de David Vallenilla, asesinado en una manifestación frente a La Carlota y César Pereira, quien murió como consecuencia de una metra disparada por un polianzoátegui en una protesta en el Peñón del Faro, han tenido avances. El primero, fue apenas el 24 de enero, cuando se produjo la primera audiencia preliminar; sin embargo, el juez no acudió y debió ser diferida, hasta ahora sin nueva fecha.
“El entonces defensor del pueblo me admitió en una reunión privada que el asesinato de David José había sido un ajusticiamiento extrajudicial, pero no lo ha dicho en público. El culpable fue presentado en tribunales meses después, habiéndolo identificado el mismo día del hecho”, expresó Vallenilla.
Zulimar Villegas, madre de Pereira, dijo que el 8 de febrero hubo la primera audiencia del caso, luego de haber sido diferida en cinco oportunidades. “El culpable estuvo siete meses libre en su comando. Exijo justicia, que pague por lo que hizo y espero que esté en el centro de reclusión de Puente Ayala”, agregó.
En el comunicado que leyeron los familiares, expresaron la necesidad de que la Corte Penal Internacional evidencie que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad. La diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, informó que la próxima semana enviarán a la fiscal Luisa Ortega Díaz y a la Corte Penal Internacional, la documentación y pruebas sobre los hechos ocurridos en Venezuela durante las protestas.