En los últimos cuatro años se ha hecho más evidente que el gobierno trata de implementar un modelo comunista en el país, igual al que instaló Fidel Castro en Cuba en 1959. La Mesa Social de Caracas denunció que a través del Estado comunal, definido en el plan de la patria, el Ejecutivo se propone edificar un “modelo de sociedad socialista”. La instancia afirma que es “una versión criolla de la dictadura del proletariado propuesta por Carlos Marx en el Manifiesto Comunista de 1848”.
La Mesa Social de Caracas está integrada por la Federación Nacional de Asociaciones de Vecinos Independientes de Venezuela, Gente de El Valle, Fundación Vecinal de Catia, Frente Sindical Valmore Rodríguez (AD), Federación Nacional de la Tercera Edad y Unión Nacional de Mujeres Progresistas de Venezuela.
En una rueda de prensa, Benito Urrea, coordinador general, indicó que el modelo que buscan implementar “no es el socialismo democrático, cristiano o liberal que está definido en las teorías políticas, sino el socialismo marxista que ha caído en desuso en todos los países donde fue instaurado desde hace 80 años”.
Alegó que la Ley orgánica de consejos comunales, la Ley de las comunas y demás leyes del poder popular, “vulneran seriamente” la participación social protagónica del pueblo, y excluyen y plantean una desigualdad que divide la sociedad, al dejar al margen a los ciudadanos que se nieguen a participar en la construcción del modelo que propone el gobierno.
Urrea señaló que este tipo de sociedad niega el registro del Consejo Comunal ante el órgano del Estado con competencias en la participación social, viola los derechos constitucionales de los ciudadanos y de las comunidades, a organizarse con fines pacíficos, elegir y ser elegido, el sufragio –en el Estado comunal solo los voceros de los Consejos Comunales son elegidos mediante el voto universal; los autogobiernos de las comunas, federaciones y confederación se eligen a mano alzada–, y niega también la posibilidad de expresar libremente el pensamiento, así como la huelga y protesta.
Establece, además, “coordinar con la milicia lo referente a la defensa integral de la nación”, lo que aseguró que representa “el espionaje de los ciudadanos de oposición para chantajearlos, intentar atemorizarlos, delatar a los líderes de las protestas e impedir que se organicen los partidos políticos democráticos en las comunidades”.
Agregó: “El objetivo de las Unidades Bolívar-Chávez, los jefes de cuadra y del consejo comunal, dominado por partidos oficialistas, es controlar la sociedad”. También mencionó que la economía en el Estado comunal es de propiedad social. “Eso significa el desconocimiento de los derechos económicos a la iniciativa individual, a la propiedad privada y a la libre competencia”, aseguró.
Urrea afirmó que el gobierno ha hecho “un serio trabajo, de manera sistemática y ordenada, de formación ideológica de sus jóvenes en la teoría comunista. Un ejemplo es el Instituto Nacional de Capacitación y Educación, INCE, –creado por Luis Beltrán Prieto Figueroa– al que le agregaron el “socialista” y dejó de ser un centro de capacitación para el trabajo para convertirse en un centro de formación ideológica comunista”.
Informó que redactarán un documento que consignarán ante la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, y luego lo consignarán ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para denunciar la violación a la participación social en el país.
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