Pese a las reiteradas llamadas y presiones de la Comisión de la Verdad que instaló la asamblea nacional constituyente, familiares de jóvenes que fallecieron durante las protestas entre abril y julio se negaron a acudir a esa instancia. Consideran que el gobierno puede usar su presencia para “shows políticos” y no para hacer justicia ni dar con los responsables de las 124 muertes que registró el Ministerio Público hasta el 31 de julio.
Delegados de esa comisión e incluso quien la preside, la ex canciller Delcy Rodríguez, se han comunicado por teléfono con familiares de las víctimas de la represión para solicitarles participar en audiencias públicas con el fin de exponer sus casos. Sin embargo, varios de los familiares aseguraron que no acudirán por respeto a los fallecidos.
“Me llamaron para que acudiera a una audiencia pública en la que iba a estar presente un grupo de víctimas. Les dije que no iría. Solo acudiría si me reciben en privado para que me den respuesta sobre el caso de mi hijo. No tengo nada que exponer allí porque todo el mundo sabe lo que pasó con él”, contó David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, de 22 años de edad, que fue asesinado el 22 de junio en una protesta frente a la base aérea La Carlota.
Aclaró que sí solicitó reunirse con la comisión: “No quiero dejar espacio para que después se diga que hubo oportunidades de hacer justicia y yo no acudí”.
En ese caso las investigaciones estaban adelantadas cuando la ANCdestituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. El Ministerio Público solicitó la captura del sargento de la Guardia Aérea Arli Méndez, que fue identificado como el presunto homicida. Hasta ese momento el oficial no se había entregado.
“El rescate de la verdad debe romper con el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios”, indicó Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas. Señaló que la Comisión de la Verdadno cumple con los estándares mínimos para una organización de ese tipo. “No está constituida de manera independiente y tiene prejuicios. Una comisión de la verdad no puede constituirse con una sola mirada de los acontecimientos”, dijo.
Un mes después de su designación como fiscal por la ANC, Tarek William Saab, informó que el 4 de septiembre Arli Méndez había sido encarcelado en la sede de la dirección general de Contrainteligencia Militar tras ser imputado en la audiencia de presentación.
Pero el padre de la víctima y sus abogados no tienen constancia de eso. Vallenilla, que reside en Los Valles del Tuy, fue informado del juicio minutos antes de su inicio y no pudo llegar. Sus abogados se presentaron en el Palacio de Justicia, pero les negaron el acceso. “No me conformo con el autor material; detrás de él hay más responsables”, manifestó.
Así como en el caso de Vallenilla, la Fiscalía también había adelantado investigaciones sobre otros asesinatos durante las protestas, en la mayoría de los cuales están involucrados funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Hasta el 23 de junio el Ministerio Público había registrado 75 asesinatos en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En todos los casos se designaron fiscales para la investigación. En ese momento había 43 personas detenidas, 20 órdenes de capturas, 16 acusados y 9 imputados.
Dos de esos detenidos son los funcionarios de la Policía NacionalBolivariana identificados como los homicidas de Luis Álvarez, asesinado en Táchira durante una protesta el 15 de mayo. Teresa Chacón, madre de la víctima, indicó que el martes en la audiencia preliminar será presentado un solo funcionario, pues el otro fue puesto en libertad.
Chacón recibió llamadas de la Comisión de la Verdad, pero se negó a acudir a la convocatoria porque cree que no son personas de confianza y que se trata de un show mediático.
“En Táchira están llamándolos y haciendo que firmen un acta, pero la mayoría se ha negado”, señaló Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en 2014, y miembro del Comité de Víctimas de la Represión.
Zulimar Villegas, madre de César Pereira, de 20 años de edad, que recibió un disparo de metra en el abdomen el 28 de mayo durante una protesta en Anzoátegui, manifestó: “Me llegó una citación de la comisión, pero no acepté. Qué verdad me van a decir y qué justicia van a hacer. El asesino de mi hijo está preso en el día y libre en la noche”.
La lucha contra la impunidad
David Vallenilla
22 años de edad
El estudiante de enfermería fue impactado en el pecho por tres esferas metálicas, durante una manifestación frente a la base aérea La Carlota el pasado 22 de junio, de acuerdo con el Ministerio Público.
El joven había culminado sus estudios y esperaba el título de TSU en enfermería. El viernes pasado se celebró la misa de grado y acudieron sus familiares.
Su padre, David Vallenilla, denunció que en la morgue de Bello Monte pusieron resistencia para entregar las municiones a los fiscales designados para investigar el caso.
La Fiscalía solicitó la detención de Arli Méndez, sargento de la Policía Aérea, por el delito de homicidio calificado. Semanas después fue imputado y detenido.
César Pereira
20 años de edad
El joven recibió un disparo de metra en el abdomen cuando participaba en una protesta en el sector Peñón del Faro en Lechería. El Ministerio Público acusó como homicida a Onan Pereira, de la Policía de Anzoátegui. Zulimar Villegas, madre del estudiante universitario, denunció que el funcionario, que presuntamente está detenido en el destacamento policial de esa localidad, goza de libertad, pues lo han visto en actos públicos. Informó que también hay un policía nacional acusado, pero está prófugo. El martes pasado debió ser la audiencia preliminar, pero fue diferida por que los tribunales están de vacaciones.
Grusenny Canelón
32 años de edad
El deportista recibió un disparo de proyectil a quemarropa durante una protesta que fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana el 13 de abril en Cabudare, estado Lara. El Ministerio Público libró 14 órdenes de capturas contra militares. Hasta el 31 de julio los funcionarios no habían sido puestos en manos de la justicia, sino que se encontraban detenidos en un destacamento de la GNB en la entidad federal. Delcy Rodriguez, presidente de la ANC, indicó que estaban siendo investigados. Abogados y activistas de derechos humanos que han hecho seguimiento al caso desconocen si se ha efectuado la captura de los implicados.
Fabián Urbina
17 años de edad
El joven de Maracay viajó el 19 de junio a Caracas para participar en una marcha contra la ANC. Horas después recibió un disparo con arma de fuego de un funcionario de la GNB que reprimía a manifestantes en el distribuidor Altamira. Dos días después el Ministerio Público acusó a tres sargentos dela GNB de ser los responsables del homicidio. El entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitó la captura de los militares y su presentación ante la justicia para determinar sus responsabilidades. Los primeros días de agosto el padre de la víctima, Iván Urbina, indicó que las investigaciones estaban en fase preliminar.