Alrededor de 20 familias de presos políticos protestaron este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir la garantía al debido proceso para sus allegados detenidos, la recuperación de las instituciones y la investigación de casos de extorsión.
Francis Fernández pidió que sea garantizado el debido proceso para su esposo, Carlos Julio Rojas, quien fue presentado en audiencia preliminar «prácticamente en secreto», pues familiares y abogados de confianza no fueron notificados.
«Nunca se les avisó a los familiares. Nunca se llamó ni se le envió un mensaje a los abogados. A Carlos Julio se le viola el debido proceso. Ya es hora de que (se) dé la orden para que se puedan juramentar sus abogados», pidió Fernández, que calificó de «capricho político» la detención de Rojas en abril.
#02Jul 11:45AM Familiares de presos víctimas del abuso crónico de la Ley Antiterrorista, llegan a la @Defensoria_Vzla en la Plaza Morelos de #Caracas, para reunirse con la Dra. Odilia Gómez, plantear cada uno de los casos documentados y solicitar la instalación de una comisión… pic.twitter.com/KEoHUAtKo4
— PROVEA (@_Provea) July 2, 2024
Dijo que su esposo -acusado de un supuesto plan de asesinato contra Nicolás Maduro- «nunca ha atentado contra la vida de nadie», sino que es periodista y utiliza su profesión como «trabajo público».
Además, pidió la recuperación de «las instituciones del Estado», que -aseguró- «han perdido forma».
«A las instituciones del Estado se les olvidó que existe un libro que se llama la Constitución nacional. Existe un libro que es el Código Penal venezolano, el Código Civil. Basta de tantas arbitrariedades, basta de tantos abusos», exigió Fernández.
Familiares de los presos políticos denuncian extorsión
Guillermo Navas, abogado y defensor de derechos humanos, aseguró tener pruebas, sin mencionar cuáles, sobre casos en los que «policías extorsionan a los familiares de los presos políticos», por lo que pidió a la Defensoría del Pueblo crear una comisión para investigar estas denuncias.
Asimismo, pidió respetar la presunción de inocencia y el de ser juzgado en libertad.
«(A) los privados de libertad se les niega el derecho a nombrar un abogado de confianza y el Estado le pone un abogado público que se encompincha (ponerse de acuerdo) con los jueces y con el fiscal para privar de libertad a ciudadanos inocentes», denunció Navas.