El Informe de Corrupción 2017 elaborado por la ONG Transparencia Internacional capítulo Venezuela alerta que el protagonismo castrense se ha hecho preponderante en sectores clave de la vida nacional y se ha traducido en una intervención casi absoluta de las Fuerzas Armadas en los procesos civiles de la sociedad. El documento advierte sobre la opacidad de las actuaciones y el altísimo riesgo de corrupción, y señala que la mayoría de los recursos humanos y financieros asignados a la FANB están dedicados a áreas ajenas a su función constitucional
El control de los militares sobre los canales de distribución de alimentos en el país recibió un nuevo espaldarazo esta semana, con la inserción en la Gaceta Oficial 41.325 de una serie de resoluciones que depositan más responsabilidades en esta materia sobre el sector castrense, entre ellas la creación dentro del Comando de Abastecimiento Soberano de una coordinación que se encargará de gestionar los permisos para surtir supermercados e hipermercados, frente a la cual estará el general de división Alejandro Pérez Gámez.
Nombramientos de este tipo apenas sorprenden: para los venezolanos se ha hecho cotidiana la cada mayor presencia de funcionariosmilitares en sectores clave de la vida nacional, muy ajenos a las responsabilidades de defensa del territorio y de la soberanía que les encomienda la Constitución. Se trata de una tendencia que, de acuerdo con el Informe de Corrupción 2017, elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional capítulo Venezuela, se agudizó en el último año y que se ha traducido en el control casi absoluto, por parte de la Fuerzas Armadas, “de los procesos civiles de la sociedad”.
Para muestra, señala el documento, basta una revisión de la composición del Poder Ejecutivo. De los 32 ministerios operativos en noviembre de 2017, 37,5%, es decir, 12 carteras, estaban bajo la responsabilidad directa de personal militar, entre ellos las concernientes a electricidad, vivienda, transporte, obras públicas, agua y alimentación, además de la de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la de Defensa, tradicionalmente a cargo de un militar.
La influencia castrense también se observa en el poder ejecutivo estadal y municipal. Como ejemplo, ocho de los gobernadores juramentados en octubre por la asamblea nacional constituyente son funcionarios militares activos o retirados. Podría argumentarse que se trata de un fenómeno que ya era evidente durante el gobierno de Hugo Chávez, y por tanto una herencia que recibió Maduro. De hecho, en 2012, 11 ex oficiales ocupaban gobernaciones en los 20 estados controlados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, lo que adereza el nuevo escenario es la extensión de ese poder a nuevos espacios, pues “alcanza todos los estratos del aparato administrativo”, advierte el informe.
“El control militar sobre lo civil se ha profundizado, se ha hecho más descarado y se sigue expandiendo”, diagnostica Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Pero también preocupa la opacidad que en general caracteriza la administración de áreas sobre las que tienen responsabilidad los militares, “que generan compras, que manejan presupuesto, tienen privilegios como el manejo de dólares preferenciales o contrataciones sin licitación, por lo que estamos además ante un riesgo de corrupción altísimo”, advierte.
Designaciones estratégicas. Una evidencia que revela la preponderancia castrense en todas las esferas de la vida del país fue la designación del mayor general Manuel Quevedo como presidente de Pdvsa, que se hizo efectiva mediante el decreto 3.178 del 26 de noviembre de 2017. Al mismo tiempo, también fue nombrado como ministro de Petróleo, un hecho que, señala el informe, no solo socavó “el proceso de rendición de cuenta y contrapesos de la gestión pública” sino que también se convirtió en “el evento necesario para afirmar que el control político y económico del sector militar sobre el desarrollo económico del país es total”.
Para Francine Jácome, investigadora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, se trata de la expresión de un proceso de subordinación del gobierno actual al estamento militar, por razones políticas. “Es muy distinto a lo que ocurría con Chávez, que tenía control sobre la Fuerza Armada y no dependía de ella para gobernar. Maduro depende del Alto Mando y a eso se debe que haya tenido que ceder tanto control, hasta el punto de otorgarle nuestro sector económico más importante, que genera más de 95% de la divisas”.
El dominio castrense sobre Pdvsa también se tradujo en designaciones de militares al frente de otros cuadros directivos, además de la presidencia. En 2017 estuvieron a cargo de la vicepresidencia ejecutiva, la vicepresidencia de refinación y la dirección externa con competencia en finanzas, “observándose un ciclo que abarca no solo el funcionamiento interno de Pdvsa, sino la interrelación con los otros sectores productivos, financieros y cambiarios, representados por la figura del general retirado Rodolfo Marco Torres”, indica el informe.
Igualmente elocuente es el señorío militar sobre la Corporación Venezolana de Guayana: siete de los diez presidentes que han estado al frente del holding desde el año 2000 han sido militares. El actual, Justo Noguera, es además gobernador del estado Bolívar, proclamado por el Consejo Nacional Electoral en unos comicios calificados de fraude por su contendor, el ex candidato Andrés Velásquez. Sobre las implicaciones de esta doble responsabilidad también alerta el análisis de Transparencia Venezuela, pues señala que elimina cualquier contrapeso político en la zona y deja bajo su mando “los recursos mineros y naturales de casi un tercio del territorio físico del país”. A la opacidad sobre el manejo de las empresas básicas también contribuye el hecho de que 5 de los 12 funcionarios que ejercen cargos directivos en la corporación también provienen del mundo militar.
Especialmente grave se considera la creación de la Compañía Anónima Militar de las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, en funcionamiento desde 2016. De acuerdo con el presupuesto nacional presentado el año pasado, uno de los objetivos de la empresa era la producción diaria de 250.000 barriles de hidrocarburos, 13% del total de la producción nacional. Con ello “se inaugura un peligroso antecedente nunca antes visto en los cien años de historia petrolera en el país: un estamento de la sociedad se apropia de la producción y explotación petrolera y Pdvsa pierde el control sobre la producción petrolera nacional”.
Al poner la lupa sobre las actividades de la empresa mixta Cancorfanb, creada para la explotación y distribución de minerales de interés en el mercado de commodities, se encuentran otros motivos de inquietud. Estaba planificada la extracción de 72.000 toneladas de piedras preciosas que serían vendidas en los mercados internacionales, pero la auditoría de esa actividad es imposible “debido al cerco informativo”.
Alimentos que no llegan. Capítulo aparte merece la actuación militar en la alimentación, sector que se ha caracterizado por una escasez marcada, que en agosto del año pasado se calculaba en 73,4%. El informe recuerda que, desde la creación de la Misión Alimentación, el Estado ha invertido 31,8 millardos de dólares en esta área “pero el hambre, la desnutrición y la muerte por inanición aumentan cada año”.
De los once funcionarios que han estado al frente del Ministerio de Alimentación desde 2004, diez han sido militares. Se trata de ministros que han tenido “un control decisivo sobre ingentes cantidades de recursos, no solo en bolívares, pues las importaciones de alimentos, como todas las importaciones de alimentos que realiza el gobierno, han sido opacas y se realizan a un cambio de diez bolívares por dólar, lo que supone una posibilidad de enriquecimiento brutal, con una alta discrecionalidad y baja o nula posibilidad de sanción”, precisa el informe.
Un elemento que habla de la intervención militar en el área alimentación ha sido la Gran Misión Abastecimiento Soberano, creada en 2016 y dirigida por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que aunque no recibe transferencias directas de recursos define “los parámetros para la ejecución presupuestaria de toda la cartera conformada por más de 15 organismos”. Un papel protagónico lo ha tenido el Comando para el Abastecimiento Soberano, coordinador de los 9 principales mercados mayoristas y de 18 rubros principales asignados a un alto oficial, entre ellos aceite, arroz, aves, azúcar, carne bovina, café, caraotas, artículos de higiene personal, harina de maíz y lácteos. A esto se añade la participación institucional de la Fuerza Armada a través de la empresa Agrofanb, que también tiene asignado un papel en la distribución de productos de primera necesidad.
De Freitas llama la atención sobre el hecho de que la crisis en el sector no ha mejorado con la actuación castrense. “La ineficiencia no distingue entre civiles y militares: si la excusa en algún momento era que nombrar a un general para encargarse resolvería los problemas, vemos que no hay sector que funcione bien y no hay sector donde no haya militares”.
Gobierno paralelo. Al analizar los proyectos en los que están involucradas las Fuerzas Armadas, el informe encuentra que la mayoría de sus recursos humanos y financieros están dedicados a áreas ajenas a su función principal. “De los 33 entes adscritos al Ministerio de Defensa, solo 6 tienen objetivos directamente relacionados con la defensa y seguridad de nuestra soberanía, y estos 6 entes manejan solo 24% de los recursos asignados a la FANB”, señala.
Esto se traduce en que del presupuesto estipulado para el sector militar 76% se dedica a gastos distintos de esa función principal. Cuando se revisa en qué se invierten esos recursos, la conclusión “es que el mayor foco de la Fuerza Armada son las finanzas públicas del país”, señala el documento.
Adscritos al Ministerio de Defensa se encuentran un banco, una aseguradora, una empresa de transporte de valores e instituciones para el manejo de fondos e inversiones sociales y financieras. “Gracias a las distintas prebendas obtenidas por la importancia política y social que ha tenido y sigue teniendo contar con el apoyo del poder militar, en la práctica se ha convertido en un gobierno paralelo con la capacidad de manejar importantes recursos sin la participación del sector financiero tradicional”.
Para tener idea del peso que tienen las inversiones en las finanzas de la Fuerza Armada comparan lo que se invirtió en 2017 en estos mecanismos financieros: 376.803 millardos de bolívares, en comparación con 42.225 millardos de bolívares invertidos en el sector eléctrico y 26.802 millardos en agua. “Se observa como el gobierno prioriza el gasto militar antes que la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, concluye el informe, que no deja dudas sobre el poderío del sector castrense en la Venezuela de hoy.
De Freitas insiste en que se hace urgente evaluar la responsabilidad de los militares en la actual situación venezolana. “No es algo menor lo que nos estamos jugando, hay mucho dolor en la sociedad, de todo tipo, gente que ha tenido que emigrar, organizaciones y empresas que han tenido que cerrar, el día a día del venezolano se ha hecho muy duro y al parecer nadie se responsabiliza por nada”.
Opacidad en manejos financieros y falta de rendición de cuentas
Muchas interrogantes quedan abiertas luego de analizar la creciente participación de los militares en la administración pública. En opinión de De Freitas, cuando se trata del mundo castrense se profundiza la opacidad que caracteriza a otros sectores del país.
El Informe de Corrupción 2017, preparado por la ONG, ejemplifica esto cuando hace la revisión de dos organismos adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Complejo Industrial Fuerte Tiuna I y EMS Vehículos Venezolanos. “Ambas empresas no publican información referente al manejo de sus finanzas, resultados financieros y el proceso de rendición de cuentas no está claramente establecido ni auditable”, señala el texto. En el caso de la primera, su actuación se limitó a la producción de uniformes miliares, escolares y de empleados públicos y al tratamiento de agua potable, mientras que la segunda, dedicada al sector automotriz, no informó piblicamente los resultados del ensamblaje de los 1.100 vehículos que estaban planificados el año pasado, en los que estaba previsto invertir 34,8 millardos de bolívares.
Una de las preguntas que se hace la organización tiene que ver con la condición laboral de quienes ejercen cargos distintos a su función en la Fuerza Armada. “No sabemos si renunciaron ni, en todo caso, quién ejerce por ellos las funciones que desempeñaban”. El componente militar, advierte el informe, ha ido penentrando diferentes sectores sociales, una tendencia que continuó en 2017. Cita datos del portal de investigación periodística Armando.Info que revelaron la vinculación de 785 oficiales activos con contratos públicos y con cargos de alta jerarquía, 286 en el sector de construcción, 75 en alimentación, 38 en insumos médicos y medicinas y 70 en informática. Esta situación, además, implicaría una influyente presencia “en los diferentes entornos y actores que hacen vida en la sociedad civil, lo que deja ver la imposición en las relaciones económicas, así como en las cadenas de mando y jararquía, en espacios que no son de naturaleza militar”.
La indagación sobre el papel que ha jugado el mundo castrense en la actualidad venezolana está incompleta, admiten. Entre las tareas pendientes figura también la revisión del uso de tribunales militares para procesar a civiles, al que se apeló durante las protestas ciudadanas que tuvieron lugar durante el primer semestre de 2017.
Consulte el Informe de Corrupción 2017 de Transparencia Venezuela