La comisión especial de la Asamblea Nacional para seguir los casos de corrupción y desfalco a la nación abiertos en el exterior realizará un inventario completo de los juicios que se llevan a cabo, las acusaciones, incluido el caso Andrade-Gorrín, y una lista de los involucrados para evaluar “toda la red de corrupción que se ha tejido”, informó el presidente de la instancia y diputado de Voluntad Popular, Sergio Vergara.
“También seguiremos el caso de Roberto Rincón, involucrado en el desfalco de Pdvsa, que llevan los tribunales en Texas, y otros que forman parte del repertorio de irregularidades que terminaremos de revisar en los próximos días para informar al pueblo no solo de los responsables, sino de los montos involucrados que forman parte del patrimonio nacional”, expresó. Se espera que la comisión se instale la semana que viene, por lo que los legisladores buscan material de trabajo para que “no sea un acto protocolar”, informó.
La delegación estará integrada por los parlamentarios Edgar Zambrano, vicepresidente de AD; Jorge Millán, de Primero Justicia; Nora Bracho, de Un Nuevo Tiempo; Manuel Teixeira, del Movimiento Progresista de Venezuela; Mariela Magallanes, de La Causa R; Leonardo Regnault, de Avanzada Progresista, y Juan Pablo García, de la Fracción 16 de Julio.
Vergara indicó que junto con la Comisión de Contraloría avanzan en “un proceso de integración de visiones” para ahondar en nuevas investigaciones, hacer seguimiento estricto y cerrado de los juicios en el exterior y garantizar que los fondos incautados “puedan estar a disposición del pueblo de Venezuela cuando la democracia retorne al país”.
“Sabemos que este dinero proviene de la corrupción que propiciaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No puede caer en manos del gobierno, porque es el causante del desvío de estos fondos y de que estos no estén invertidos en alimentos, medicinas, educación y en la producción del campo”, aseguró.
Añadió que uno de los objetivos de la comisión especial es conseguir que se termine de aprobar el proyecto de ley de recuperación de activos productos de la corrupción, para asegurar que se cree un fondo que se congele “hasta que se restituya la legitimidad del Ejecutivo”.
El parlamentario anunció que desde la instancia que preside tratarán de viajar a Estados Unidos, Andorra, Suiza y España donde hay procesos judiciales contra empresarios y ex funcionarios por casos de corrupción que involucran el patrimonio venezolano.
“La idea es que podamos llegar a donde sea necesario; claro está, existen ciertas limitaciones para poder movilizarnos. El cuerpo diplomático y las embajadas juegan un papel importante siempre que sean gobiernos que entiendan que la democracia y la justicia tienen que privilegiarse por encima de la identidad ideológica que compartan con el gobierno”, enfatizó.
Ley. En el proyecto que promueve el Parlamento se establece la creación de una oficina que se encargará de determinar el lugar dónde está el dinero que fue sustraído del erario público y realizar los trámites para recuperarlo.
El organismo no estará subordinado a ningún otro órgano del Poder Público y gozará de autonomía orgánica, funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, de acuerdo con el artículo 10 de esta norma. Además, podrá sancionar con multa de 500 a 1.000 unidades tributarias a los funcionarios o particulares que nieguen la información o documentación que solicite en el ejercicio de sus competencias.
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