Daniela, una sargento de 26 años de edad –que por seguridad prefirió resguardar su nombre real– reconoce que ingresó a la FANB por necesidad, para tratar de aliviar la pobreza que doblega el presupuesto en su hogar y que hoy, en medio de la crisis económica más cruda, priva también a su madre del tratamiento antihipertensivo. “No consigo los medicamentos para mi mamá y tenemos que hacer de todo para medio comer en casa”. Ella, al igual que el resto de la tropa que la acompaña, tiene previsto irse del país. Su plan aún no está definido y baraja Colombia y Francia entre las naciones destino.
Con Daniela, que tramita la solvencia en Seguros Horizonte, en Los Próceres, están otros 5 jóvenes. Son en total 12 sargentos de tercera provenientes de Tinaquillo, estado Cojedes, pero están diseminados: cada quien en lo suyo. El grupo, que se dice cansado de comer sardina con arroz, se vislumbra todo en la calle, sin presiones políticas ni órdenes de superiores que intentan doblegar la voluntad de quienes sirven. El reclamo es unísono, enérgico. A la voz de rechazo se suma también el disgusto por el machismo y la discriminación política que permea la FANB.
Los funcionarios, de entre 24 y 27 años de edad, son el pulso de la diáspora. Buscan entender la ciudad con urgencia, no conocen Caracas y llegaron el 1° de marzo en la mañana para tramitar las solicitudes de baja. Esperaban retornar ese mismo día a sus casas pero tenían un alud de documentos a medio hacer y la mañana cobraba ventaja.
Daniela aspira a vivir en el primer mundo, pero sabe que requiere de mucho dinero para hacerlo: necesita trabajar antes de marcharse del país y tiene el tiempo en contra para reunir el monto del pasaje: por lo menos 1.200 euros, calcula. Tal vez se dedique a la economía informal, el salvavidas sobre el que descansan algunos funcionarios para sortear la crisis en los cuarteles. La sargento se apoya en sus familiares residenciados en el extranjero para tratar de zafarse de lo que considera el peor momento del país. “Me cansé de comer solo pasta, en el mejor de los casos. Creo que merecemos un trato digno”, expresa.
Fuentes militares aseguraron que hasta la última semana de febrero la Unidad de Tinaquillo, en Cojedes, registraba 80 bajas de sargentos de primera, con 3 años de formación, informaron sus miembros. La coyuntura desarticula los cuarteles y deja las tropas profesionales desmanteladas.
“La vida del militar es muy miserable, tienes que hacer silencio así no estés de acuerdo con las órdenes de tu superior. Todo el mundo calla para no pelear, no entrar en diatribas. Si te quejas por la crisis, te tildan de apátrida, de opositor, y eso podría traerte consecuencias a ti y a tu familia”, dice Daniela.
Fabiola, una sargento que también aguarda con los otros seis militares frente al Ipsfa, desmenuza su vivencia en la Guardia Nacional Bolivariana. “Me cansé de ser humillada, de comer arroz solo. Cada mes debemos pagar 20.000 bolívares en efectivo en nuestra unidad para asegurarnos un plato de comida, pero los alimentos no alcanzan para todos. Hay compañeros que se desmayan porque se quedan sin comer. No se justifica que la comida sea un asunto de azar. Si desayunas, no almuerzas; y si almuerzas, no cenas. Es algo inaudito por donde se mire”, manifiesta la joven de la Unidad de Tinaquillo, estado Cojedes.
Cree que sus tres años de formación no pasaron en vano, se lleva la sagacidad de quien ha aprendido a vivir con lo mínimo, pero la domina también el sinsabor de la represión, del rechazo. “Hay mucho machismo. En una ocasión mi superior me pidió que le lamiera las botas; pensé que era una broma, pero su insistencia fue aterradora. Por supuesto que no lo hice”, señala. Su voz quebrada delata frustración. Fabiola no quiere regresar a la FANB, y su familia está de acuerdo, la apoya incondicionalmente.
Las discusiones sobre la huida de funcionarios, coinciden los jóvenes de Tinaquillo, transcurren en silencio, en pequeños grupos de almuerzo y de tropa, que disienten en voz baja para no levantar sospechas.
La prolongada coyuntura económica los aflige a todos. “Aquí no hay nada que hacer, hermano. Se perdió el respeto hacia el país y hacia la gente, hacia la FANB, que debería garantizar el orden interno”, remata un joven que prefiere resguardar su nombre. Entre sus quejas asoman las maniobras de oficiales que intentan sobrevivir al margen de cualquier actividad ilícita, o del habitual “matraqueo” de algunos efectivos.
“No todos roban, hermano, pero hay quienes se desbocan en ese camino de supervivencia, porque eso es lo que hacemos, sobrevivimos a un sabotaje que viene de nuestros propios superiores. No le interesamos a nadie”, destaca.
No solo los oficiales de bajo rango abandonan la FANB. La diáspora también ocurre en otros grados, entre ellos tenientes, que se marchan del país en busca de bienestar. Pero a decir verdad, la mayor desbandada se registra en las tropas profesionales más nuevas de la GNB y el Ejército, integradas por oficiales de bajo rango, que acaban de embarcarse en su idilio de defender Venezuela.
Adelina González, de aproximadamente 70 años de edad, expone su drama. Cuenta que su hijo no solo se marchó de la FANB, sino también del país. “Su mujer, que tiene nacionalidad peruana, se enfermó de cáncer y tuvo que irse con ella para tratar de salvarla. Anderson está en Perú y vendrá pronto para buscar a sus tres hijos, mis nietos. Andrea se complicó porque no pudo atenderse en Venezuela desde el primer momento”, relata con voz quebrada.
La opacidad que oculta el descontento
La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, adjudica el fenómeno del aumento de solicitudes de dimisión en la FANB al desmejoramiento de las condiciones sociales de los oficiales y al temor sobre los escenarios bélicos y políticos en Venezuela. “El problema está en que el gobierno ha manipulado lo que es un derecho. Nadie está obligado a servir sin su deseo. Pero hay oficiales que han pedido la baja y se les niega porque tienen miedo de que salgan del país”, dice.
Explica que tanto las deserciones como las solicitudes de baja tienen que ser adoptadas por una resolución del Ministerio de Defensa, instrumento que dejó de ser público con el chavismo en curso. “Son aspectos de orden público. La Fuerza Armada es un bien de la nación y como tal debería rendirse cuenta sobre ello, sobre quiénes forman parte de ella”, dice la experta militar, al tiempo que denuncia la opacidad gubernamental. Señala que la última vez que se registró un fenómeno similar fue hace más de 10 años. Pero hoy la alta incidencia fragmenta todos los componentes. San Miguel considera que se trata de un ápice del drama social, un espejo de la realidad del país.
La Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Defensa, la última filtrada, indica que ese año fueron aprobados 5 proyectos de bienestar social para 5 unidades militares de la FANB. Con una inversión de 117 millones de bolívares, tal asignación pretendía mejorar la alimentación del personal de la Guardia del Pueblo, pero desde entonces los recursos eran insuficientes. Ese año el Ministerio de la Defensa destinó además 919 millones de bolívares para la alimentación de 7.902 cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Se trata del único dato grueso divulgado en ese documento en torno a la alimentación.
El informe de gestión, además, rinde cuenta sobre la adquisición de material de uso común para 10.950 aspirantes que ingresaron a los institutos de educación militar y para 11.097 profesionales egresados. La Memoria y Cuenta ventila una cifra concluyente y asegura que ese año fueron adquiridos insumos de reemplazo, como cobijas, uniformes y botas de campaña para un total de 122.000 integrantes de la FANB. La data perfila el tamaño de un cuerpo que languidece.
Lea el especial en Crónica.Uno
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional