Dos funcionarios de la Policía de Carabobo se encuentran presos por el asesinato de Daniel Queliz, estudiante y deportista asesinado en una protesta registrada en la urbanización El Parque en Valencia, estado Carabobo. Sin embargo, para la familia del joven de 19 años de edad no es suficiente. Exigen la imputación de otros 5 policías por sus presuntas responsabilidades en el homicidio, pues hoy, a un año del crimen, todavía no hay respuesta a las tres solicitudes que los abogados han hecho ala Fiscalía.
“Desde el cambio de fiscal en el Ministerio Público el caso se ha paralizado”, aseguró Alexander Queliz, padre del joven, que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello la noche del 10 de abril de 2017.
Explicó que la Fiscalía y el Cicpc resolvieron el caso en menos de 48 horas, 2 funcionarios policiales fueron detenidos y de inmediato solicitaron la captura de otros 5 agentes. No obstante, el proceso se detuvo allí, pues el Tribunal Supremo de Justicia prohibió al Ministerio Público hacer imputaciones por sede fiscal.
“En ese momento el Ministerio Público trató de hacer las imputaciones, pero una decisión del TSJ prohibió hacerlas por sede fiscal”, reiteró.
Queliz, que recuerda a su único hijo como un estudiante brillante y deportista destacado, afirmó que las imputaciones debieron hacerse en la misma semana del asesinato. “Estamos a la espera de que se puedan hacer por sede tribunalicia”.
Aún no ha habido ningún culpable sentenciado por la muerte del estudiante de Derecho de la Universidad Arturo Michelena. La audiencia de apertura de juicio para los dos imputados ha sido suspendida en varias oportunidades: “La última vez que la difirieron fue el 28 de marzo, cuando el presidente declaró festivo lunes, martes y miércoles de Semana Santa”, agregó.
Exigen libertad. El Consejo Académico de la Universidad Metropolitana exigió la libertad de la estudiante de esa casa de estudio, Geraldine Chacón, que cumplió más de 60 días presa en la sede del Sebin en el Helicoide, pese a que el tribunal que lleva la causa ordenó su liberación con una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad.
La Unimet asegura que la omisión del Sebin de la boleta de excarcelación, transgrede los principios y las garantías de la libertad personal, la integridad física y el debido proceso establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.
“Esta detención y actual aislamiento de sus familiares y defensores no solo constituye un acto violatorio de sus libertades fundamentales, sino también una amenaza a los derechos humanos y al derecho al estudio”, dice en un comunicado.