En Aragua, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Mérida y Yaracuy, el Consejo Nacional Electoral incumplió con la habilitación de las 87 máquinas que –de acuerdo con el anuncio del propio ente comicial– estarían desplegadas en esos estados del 10 al 20 de febrero para la inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral, según un informe de Voto Joven sobre las irregularidades en los operativos del CNE.
Hasta el viernes, cuando se cumplieron los primeros 6 días del proceso, en dichos estados no se había activado ninguna máquina de las asignadas, pese a que el Poder Electoral anunció el despliegue de 531 puntos y de 1.062 operadores para las jornadas especiales del RE. En esas regiones no ha habido jornadas especiales, afirma la ONG en el informe. Los electores y nuevos votantes que desean hacer los trámites de cara a la elección presidencial fijada para el 22 de abril deben acudir a la Oficina Regional Electoral de su entidad.
Las oficinas regionales electorales se encuentran en las capitales de los estados, explicó Luisana Subero, coordinadora nacional de Voto Joven. Advirtió que el hecho de que el CNE no haya desplegado los puntos prometidos en el resto de los municipios de las seis entidades mencionadas es una violación de los derechos de los nuevos votantes, a quienes, por las condiciones actuales del transporte y la crisis económica, se les dificulta movilizarse hacia las oficinas regionales. La ONG indicó que son alrededor de 1.900.000 ciudadanos con edad de sufragar que están fuera del RE.
Súmate recordó que, según lo estipulado por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el CNE debe establecer centros de inscripción y actualización en el RE, con el fin de dar facilidad de acceso a los electores, presencia en los sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración poblacional y garantías para todos los sectores de la población.
En las elecciones legislativas de 2015 el CNE colocó 1.538 puntos en lugares con mayor tránsito: universidades, plazas y estaciones de Metro, durante 6 meses antes de la elección. Sin embargo, estas jornadas no se desarrollaron de la misma manera, sino que habilitaron puntos dentro de las instituciones públicas, y limitaron así el acceso a solo los empleados de los entes gubernamentales.
Los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas fueron algunos de los que pudieron actualizar los datos o inscribirse en el RE para votar en las venideras elecciones. En su cuenta de Twitter publicaron cuatro fotografías en las que se muestra a los empleados públicos esperando el turno para realizar los trámites. En ese despacho instalaron dos máquinas. Los cuatro operadores del CNE estuvieron acompañados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Para garantizar todas las condiciones y la máxima participación en el proceso electoral del 22 de abril, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas actualizan sus datos en el registro electoral”, indicaba el tuit publicado el viernes pasado.
Máquinas rodantes. En el municipio Torres del estado Lara los puntos no estuvieron desplegados en lugares públicos ni en instituciones. El CNE realizó el operativo del RE en la sala de las unidades de batalla Bolívar-Chávez, que son controladas por el PSUV, denunció Jesús Guillermo Gómez, responsable del partido Voluntad Popular en ese municipio.
“En 48 horas investigamos hacia dónde movilizaban la máquina. El primer sitio a donde la llevaron fue a la sala de batalla de la UBCH de Las Palmitas, luego a la casa del coordinador de la UBCH”, manifestó.
Voto Joven indicó que entre Vargas, Bolívar y Sucre serían instalados 54 puntos, pero constataron que entre los 3 estados solo fueron desplegadas 11 máquinas y trabajaron de manera itinerante. “Los pocos que se instalaron fueron itinerantes. No hubo una linealidad en la cantidad de puntos que estuvieron abiertos”, señaló Subero.
El viernes, un grupo de nuevos votantes de El Tigre, en Anzoátegui, denunciaron que el CNE movió diariamente los puntos y no informó sobre la nueva ubicación. Las máquinas fueron desplegadas en casas comunales y comunas del PSUV.
Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, señaló que no solo el CNE cambió de ubicación los centros operativos para el RE, sino que estuvieron instalados sin ningún tipo de identificación. Puso como ejemplo uno dispuesto en El Junquito, que se reconoció por un mensaje escrito con marcador en una cartulina.
“El CNE no está haciendo verdaderos esfuerzos para que el elector pueda inscribirse, cambiarse de centro o actualizar sus datos. Mudan los centros de lugar sin avisar a la población. Si alguien está interesado tiene que buscar por toda la ciudad hasta tropezarse con uno”, indicó.
Súmate exigió a la rectora Sandra Oblitas, presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, la publicación de la ubicación exacta y los horarios de los puntos de inscripción y actualización de datos del RE. Manifestaron que con la desinformación que hay el Poder Electoral viola el artículo 33 de la Lopre, que estipula que la ubicación de los lugares debe ser del conocimiento público. En la página oficial del CNE solo se lee la cantidad de máquinas y de operadores por estados, pero no se especifican los sitios.
Incumplimientos. En el informe Voto Joven señala que en Anzoátegui, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas y Portuguesa limitaron el derecho de los ciudadanos a realizar los trámites electorales, ya que atendieron entre 70 y 90 personas por días.
La ONG precisó que 80% de los puntos que estuvieron abiertos en todo el país trabajaron con horarios limitados y no abrieron los fines de semana ni en carnaval. Los puntos de Distrito Capital fueron instalados, pero nunca activados, solo se encuentra disponible la oficina de Plaza Venezuela.
EL DATO
La asociación civil Súmate exigió a las autoridades del CNE la extensión del plazo para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral.
A través de una carta dirigida a la rectora Sandra Oblitas, presidente Comisión de Registro Civil y Electoral, solicitaron que el número de puntos esté acorde con la población de los 335 municipios para que la cobertura llegue a las más de 1.000 parroquias del país.
“El tiempo de 10 días continuos para esta jornada especial es insuficiente para garantizar la inscripción de cerca de 2 millones de nuevos electores”, señala la misiva.
Súmate exigió la reversión de la migración “inconsulta y sin su consentimiento” de medio millón de electores hacia centros nuevos o ya existentes, “la mayoría de estos muy distantes de su lugar de residencia”.
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