David Vallenilla, padre del joven de 22 años asesinado el 22 de junio en una protesta frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, denunció que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha obstaculizado las investigaciones que lleva el Ministerio Público sobre el asesinato que cometió un sargento de la Policía Aérea de la Guardia Nacional Bolivariana.
En rueda de prensa junto a miembros del Comité de Víctimas de la Represión en Venezuela ayer, Vallenilla aseguró que en varias oportunidades le han negado al fiscal 126 de Caracas, que conoce del expediente, el acceso a La Carlota. En principio, porque debían solicitar ante el Ministerio de la Defensa el permiso para entrar al recinto militar. No obstante, en ese despacho no les han recibido las solicitudes.
El padre del joven estudiante de Enfermería aseguró que Padrino López ordenó al general de brigada Arturo José Tariba Guillén, primer comandante de la Base Aérea, impedir la entrada a los fiscales. Manifestó que la Fiscalía “desde el principio ha actuado apegada a las leyes”, pero que acciones como las del ministro de la Defensa y del comandante Tariba Guillén han obstruido el proceso.
María Alejandra Poleo, abogado de Vallenilla, reafirmó que existe denegación de la justicia por parte de la jurisdicción militar para que se recaben las pruebas para formalizar el acto conclusivo. Llamó a mantener en la opinión pública “vivo nuestro caso”, considera que esto es importante para que los fiscales puedan realizar las pesquisas sin coacción.
Irregularidades de la justicia. El lunes 4 de septiembre el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció que el sargento Arli Cleiwi Méndez Terán, quien presuntamente disparó municiones metálicas al estudiante de Enfermería, había sido imputado por los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivo fútil, por lo cual fue privado de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, los familiares y abogados no tienen constancia de eso, ya que durante la audiencia de presentación -que se celebró de forma extemporánea- le negaron el acceso a la defensa y al padre de la victima, que reside en los Valles del Tuy, lo convocaron minutos antes de iniciar el juicio y no pudo llegar.
Vallenilla también denunció que el expediente fue distribuido al Tribunal 21 de Control, el cual no tiene juez titular desde diciembre y los casos son conocidos por jueces de guardia.
“Temo porque la administración de justicia se lleve a cabo, temo porque existan retardos procesales y temo porque no me han permitido ver a quien le disparó a mi hijo, con un arma prohibida y fuera de La Carlota”, manifestó.
Exigió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, que designe un juez al mencionado tribunal. También alertó que el gobierno pretende remitir el caso a la jurisdicción castrense.
Negados al diálogo. Vallenilla, en nombre de los familiares de las víctimas de la represión, manifestó que no es posible un diálogo en el país. “Es difícil pensar en diálogo cuando se va a conversar con un gobierno dictatorial. Sabemos que hay una dictadura aquí. El dictador no habla, el dictador solo manda”, sentenció.