La vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo amplias conversaciones con España para la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, mientras el gobierno español niega que haya habido una «negociación política» con contrapartida alguna entre ambos países.
«Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos», afirmó Delcy Rodríguez en su canal de Telegram.
La funcionaria respondió así a unas declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a TVE, que no negó que hayan existido conversaciones sobre el tema, pero sí rechazó la existencia de negociaciones con contrapartidas.
Albares insistió en que el asilo y traslado a Madrid fue solicitado personalmente Edmundo González; y el gobierno de Pedro Sánchez lo aprobó.
«No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela (…). El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González», dijo Albares.
Al respecto, la vicepresidenta afirmó que «es un hecho comunicacional» el aterrizaje de «una aeronave de la Fuerza Área española» en la que viajó Edmundo González tras la «autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela», sin referirse tampoco a contrapartidas.
Delcy Rodríguez, que calificó de «falsaria» la declaración del ministro, insistió en que Venezuela y España mantuvieron los «contactos pertinentes» y, «en apego a la legalidad internacional», se le concedió el salvoconducto al opositor.
42 días después de las elecciones presidenciales, Albares reiteró al ente electoral la petición de que publique las actas de votación, igual que han solicitado varios gobiernos extranjeros, para así esclarecer el cuestionado resultado oficial que dio la reelección a Maduro y que la oposición califica como fraudulento.
El reclamo opositor se basa en la publicación en una página web del 83,5% de las actas electorales que el antichavismo dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Ejecutivo califica de falsos.