El alegato del gobierno de Nicolás Maduro del contrabando de minerales estratégicos hacia las islas de los Países Bajos para cerrar las comunicaciones marítimas y aéreas con Curazao, Aruba y Bonaire fue cuestionado por la Asamblea Nacional y fuentes de la Corporación Venezolana de Guayana, dado que los militares son los que controlan la actividad minera con la anuencia del Ejecutivo.
«Se llevan el oro, el coltán, los diamantes, productos alimenticios», aseguró el mandatario el 3 de enero cuando anunció la medida.
«No hay operación de coltán, oro o diamante que no controle la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que el contrabando de minerales es auspiciado, orquestado y ejecutado por integrantes de la FANB», aseveró el diputado a la AN por el estado Bolívar, Américo de Grazia. Indicó que los militares también controlan las vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea por donde los volúmenes de minerales preciosos y estratégicos son extraídos ilegalmente.
De Grazia insistió que la razón de la medida del gobierno de cerrar las comunicaciones con las islas neerlandesas no es el contrabando de minerales desde Bolívar, sino un pretexto dado que esa situación hace tiempo se pudo superar aplicando la ley a los infractores, sean militares o civiles.
«Desde la AN reiteradamente denunciamos el contrabando de minerales preciosos y estratégicos no solo hacia las islas neerlandesas, pues la extracción va también a Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia, Guyana y Brasil», resaltó el diputado Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía, Petróleo y Minería. Sobre esta situación, recalcó Millán, que el gobierno no hecho nada por detener a los funcionarios y miembros de la FANB involucrados.
El 15 de diciembre, aprobó en sesión plenaria un informe que declara la nulidad del decreto 2.248 del Ejecutivo que crea el Arco Minero para la explotación de una superficie de 112.000 kilómetros cuadrados que abarca Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. «El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado con bombos y platillos una afluencia masiva de capital y empresas a través del decreto 2.248, pero en realidad solo ha sido un llamado irresponsable que ha profundizado la criminalidad en todo el estado Bolívar y el enfrentamiento y rivalidad entre pranes, fuerzas armadas y mineros, aumentando el desempleo, la pobreza, enfermedades, problemas de suministro eléctrico, daños ambientales, falta de gas, desnutrición infantil, crisis sanitarias y endeudamiento estatal», señala el informe.
Agrega que «en Bolívar han aumentado con creces los crímenes y las masacres en zonas mineras, siendo ya común observarlas cada vez con más frecuencia con la participación activa de los cuerpos de seguridad del Estado en cualquiera de sus modalidades».
Fuentes allegadas a la Corporación Venezolana de Guayana, que pidieron no mencionar sus nombres, aseguraron que «los militares están en la extracción del oro, el coltán y el diamante que se explota en Guayana, además del traslado y comercialización de esa producción».
Una de las fuentes precisó que «en la actividad minera se manejan muchos negocios turbios entre militares, pranes y mafias que sacan la producción del país sin ser declarada a las autoridades competentes».
«Militares de alta graduación se dedican a comprar fincas y terrenos en la zona de El Manteco, donde están los yacimientos de coltán, para explotarlo y sacarlo de contrabando», aseguró la fuente.
Otra fuente reveló que a través de una mafia que opera en Bolívar el oro, el diamante y el coltán es llevado a Puerto Cabello (Carabobo) y de allí a las islas del Caribe. «Resulta contradictorio que el cierre sea para detener el contrabando cuando puedes pararlo con la vigilancia y la fiscalización adecuadas en las minas», dijo.
De Grazia deploró la opacidad de la información oficial sobre la actividad minera como es el caso del oro, en el que Minerven, empresa de la CVG, es la encargada por la ley de la producción y entrega del metal al Banco Central de Venezuela.
Agregó que en 2006, Minerven reportó una producción de 480 kilos mensuales de oro. El año pasado cayó entre 50 y 80 kilos al mes, lo cual contrata con la cifra dada a conocer por el gobierno de 8.531 kilos en 2017.
El diputado dijo que ese volumen no producido por Minerven proviene en su mayoría de las vacunas de los militares y funcionarios a los pequeños mineros, pues solo parte de la producción de las empresas surafricanas, chinas y rusas, a las que el gobierno dio concesiones al margen de la Ley y la Constitución en el Arco Minero, se queda en Venezuela.