El miércoles de esta semana, el jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, se paró ante la plenaria de la Asamblea Nacional para leer con voz firme y mano temblorosa el artículo 265 de la Constitución, que condiciona la remoción de los magistrados del TSJ a la previa calificación de falta grave por parte del Consejo Moral Republicano. “¡Ustedes no pueden destituir a los magistrados sin violar la Constitución!”, increpó Rodríguez a la oposición.
Pero el jueves, cuando el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que el Consejo Moral Republicano declaró improcedente la solicitud de calificación de falta grave de 7 magistrados de la Sala Constitucional, en la práctica obstruyó la aplicación del artículo 265. Además, tergiversó los pasos establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la calificación de las faltas de los magistrados.
Así lo señalaron ayer el consultor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús Casal; el primer vicepresidente Freddy Guevara (VP-Miranda) y el diputado Juan Matheus (PJ-Carabobo).
Casal señaló que el procedimiento que, según Saab siguió el Consejo Moral, viola el marco legal que no establece como primer paso una reunión del ente para determinar la admisibilidad de la petición, sino que ordena notificar de inmediato al magistrado afectado para que este presente sus descargos por escrito.
“El propio Consejo no tendría la facultad de desechar de entrada una solicitud porque ellos consideren que es infundada. Se ha insistido en que la AN debe respetar el artículo 265, pero cuando la AN toma ese camino, entonces se obstruye ese canal para que la ciudadanía encauce sus reclamos dentro de la Constitución”, condenó Casal.
Guevara indicó que el siguiente paso de la oposición será “inundar todas las Defensorías del Pueblo de solicitudes de remoción de los magistrados”. Para ello la Unidad creó una planilla de recolección de firmas –disponible en la web de la AN- en apoyo a un nuevo proceso de solicitud de calificación de falta grave que ahora incluye las sentencias 155, 156, 157 y 158.
Matheus afirmó que el defensor del Pueblo “deshonra el cargo que ocupa” y enfatizó que ninguna declaración pública sustituye el acto escrito de un órgano del Estado: “Esa declaración de Saab carece de efectos jurídicos, dado que las decisiones del Consejo Moral deben constar por escrito y ser motivadas”.
Esperando turno. Freddy Guevara se refirió a los señalamientos del vicepresidente Tareck El Aissami en su contra y en contra de los diputados Tomás Guanipa y Carlos Paparoni: “Estamos en dictadura, todos estamos en libertad condicional. Es como tener el numerito de la carnicería y esperar el turno. Pero, por otro lado, el gobierno se ha entrampado en su discurso, pues según ellos la inmunidad está vigente. Si eso es así, no pueden actuar contra ningún diputado. Ya veremos”.
Otro madrugonazo. Por segunda vez en la semana, los diputados de la oposición tomaron por sorpresa al gobierno, sus poderes y órganos afines. Ayer a las 7:00 am se presentaron en la Defensoría del Pueblo -adonde no pudieron llegar en la protesta del sábado pasado ni en la marcha del martes- y procedieron a su clausura simbólica. “Este lugar no defiende a nadie, se han hecho cómplices de un golpe de Estado”, dijo Miguel Pizarro (PJ-Miranda).
El miércoles madrugaron a la GNB al llegar al Parlamento a las 6:30 de la mañana. Para ello evadieron el cierre de los accesos al Palacio.
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