En el segundo día de audiencias sobre Venezuela, durante el 168 período de sesiones en República Dominicana, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, subrayó que los civiles deben ser procesados por la justicia ordinaria.
“Es un tema absolutamente claro; el Estado de Venezuela sabe bien que el orden jurídico interamericano tiene como principio fundamental que en tiempo de paz los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares”, dijo después de oír a las ONG, al representante del Estado y a funcionarios de la justicia castrense.
Sostuvo que el sistema interamericano ha sido claro: “El control de manifestaciones no debe encomendarse a fuerzas militares (…). Si alguien está recluido en una prisión militar, y es golpeado y maltratado eso no es justicia, eso es tortura”, advirtió el presidente de la CIDH.
El comisionado Luis Ernesto Vargas quiso saber si se han registrado casos en los que ha habido civiles juzgados por tribunales militares, cuando los ciudadanos han ejercido su derecho de expresión o de reunión.
Las ONG denunciaron que se ha documentado el empleo de la justicia militar como herramienta de represión y persecución política en el país. “En las protestas de 2017 hubo aproximadamente 750 civiles juzgados por tribunales militares. El gobierno de Maduro en 6 meses procesó la misma cantidad que hubo durante de 39 años; es decir, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hasta Hugo Chávez”, señaló Carlos Patiño, de Provea.
Advirtió sobre el riesgo de que aumente la persecución a los civiles durante las próximas elecciones presidenciales.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señaló “La injusticia militar inicia por la usurpación de los nombramientos de los jueces militares y a los órganos vinculados al sistema de justicia, al ser designados por el ministro de la Defensa. El órgano competente para juramentar a los jueces militares es el Tribunal Supremo de Justicia”.
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció el caso del diputado suplente Gilber Caro (VP), quien ha sido sometido a la jurisdicción castrense. “Es una persona que gozaba de inmunidad parlamentaria, y fue detenido sin delitos y sin testigos”, señaló.
El presidente de la Corte Marcial, general Edgar Rojas Borges, aseguró que los jueces militares son autónomos. El sistema de justicia militar en Venezuela es el único en Suramérica que cuenta con defensa pública militar”, indicó el oficial.
Añadió: “En nuestro país el máximo orden judicial militar es el Tribunal Supremo de Justicia; es decir, una orden es emitida por el tribunal militar, pero es procesada por el Tribunal Supremo de Justicia”, argumentó el representante del Estado, Larry Devoe.
El Estado defendió que se ha avanzado en el adiestramiento de la Fuerza Armada en derechos humanos: “Hemos capacitado a más de 70.000 profesionales y tenemos articulación con todos los entes gubernamentales y no gubernamentales”, expresó Ángel Medina, director de Derechos Humanos en la justicia militar.
Más persecución. En Venezuela, la libertad de expresión y el derecho a la información no están garantizados denunció Carlos Correa, director de Espacio Público. “Es inaceptable el robo de equipos, de cámaras, a periodistas para impedir el ejercicio de libre expresión”.
Aseguró que desde enero hasta abril de 2018 ha habido 86 casos de vulneración del derecho a la libertad de expresión. Correa pidió derogar la Ley contra el odio.
El relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, solicitó al Estado no interferir en el ejercicio de la libertad de expresión. “¿Qué pasa con periodistas como Braulio Jatar, que por el mero hecho de publicar un video que afectó al presidente fue perseguido, censurado y hoy tiene arresto domiciliario?”, preguntó.
La relatora especial Soledad García pidió la garantía de no discriminación y el acceso a derechos básicos de los migrantes venezolanos.
“Actualmente están saliendo cerca de 5.000 personas por día solo por los puntos fronterizos de Brasil y Colombia”, dijo Ligia Bolívar, del Centro de derechos Humanos de la UCAB. La sociedad civil solicitó a la CIDH instar a los Estados a adoptar respuestas a la migración forzada que podría crecer luego del 20 de mayo.
Garantías durante el 20-M
La CIDH exhortó a Venezuela a respetar todas las posiciones durante el proceso electoral que vive esa nación, con ocasión de la celebración de las elecciones el 20 de mayo.
La primera vicepresidente del organismo, Esmeralda Arosemena, subrayó ayer que no es una situación sencilla. “De allí mi llamado al respeto por todas las posiciones, por todos los derechos de todas las personas”.
Al ser consultada sobre si en Venezuela se violan los derechos humanos, la funcionaria dijo que en el país “hay una normativa que requiere de una revisión para que se adecue a los estándares”.
Durante las audiencias de ayer, los comisionados Luis Vargas y Antonia Urrejola preguntaron al Estado por qué no se ha ejecutado la orden de excarcelación de Gregory Hinds y Geraldine Chacón. La representación de Venezuela se comprometió a presentar un informe especial sobre estos casos ante la CIDH.
En abril de este año el Tribunal 31º de Control emitió boletas de excarcelación para Hinds y Chacón que permanecen recluidos en el Sebin. Ambos son directores de la Fundación Embajadores Comunitarios y fueron detenidos el 31 de enero y el 1° de febrero de este año, respectivamente.