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Coalición de Derechos Humanos exigió la liberación de Juan Requesens

La Coalición rechazó la persecución contra de algunos diputados 

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La Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia condenó la detención y violación al debido proceso de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, así como el trato indebido que ha recibido desde su detención.

En un comunicado, se rechazó el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Requesens y el diputado Julio Borges.

Aseguró que los hechos de los que ha sido víctima el diputado por el estado Táchira constituyen una violación a los derechos humanos del parlamentario y atentan en contra su integridad física, quebrantando su dignidad.

En el texto, la Coalición también se refirió a las agresiones que han recibido los diputados Américo de Gracia y Armando Armas, así como la persecución a los parlamentarios Rosmit Mantilla, Gilber Caro, Renzo Prieto y Gilberto Sojo.

A continuación el comunicado completo: 

COMUNICADO

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia condena el desconocimiento a la institucionalidad democrática representada por la Asamblea Nacional, órgano del Poder Público previsto en el artículo 136 de nuestra Constitución. En especial rechazamos la detención arbitraria, violación al debido proceso y tortura, tratos crueles e inhumanos a los que ha sido sometido el Diputado Juan Requesen; así como el ilegal allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesen, como forma de desconocer nuestro valores republicanos y la conformación de Venezuela como un Estado democrático.

Vemos con preocupación el ataque y la persecución creciente en contra de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes son los legítimos representantes del pueblo venezolano, tal como el encarcelamiento de los diputados Rosmit Mantilla, Gilber Caro, Renzo Prieto, Gilberto Sojo y Juan Requesen, desconociendo su inmunidad parlamentaria; el irrito levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Freddy Guevara, Julio Borges y Juan Requesen; las agresiones a los diputados Américo de Gracia y Armando Armas, entre otros, objeto de una persecución política como Gaby Arellano y José Manuel Olivares, perpetrada por los demás órganos del Poder Público con el objeto de impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional.

Recordamos que la detención de un Diputado, sólo puede darse en el supuesto de que cometa un delito en flagrancia, en cuyo caso deberá ser trasladado a su residencia y no sacado de su residencia de forma violenta, como fue el caso del diputado Requesen. Aunado a que el único órgano habilitado para allanar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional, razón por la cual el allanamiento de la inmunidad del diputado Julio Borges y Juan Requesen se dio violando el debido proceso, al margen del artículo 200 de la Constitución. 

Debemos advertir que, además que la detención llevada en contra del Diputado Juan Requesen se encuentra plagada de irregularidades violatorias a sus derechos humanos y al debido proceso establecido en la Constitución, después de 4 días se encuentra incomunicado, no ha obtenido asistencia jurídica de un abogado de su confianza y no es presentado ante su Juez natural.

Más alarmante aún, es el hecho de que se han difundido imágenes de video en las que se observan al Diputado Juan Requesen desorientado, con signos aparentes de tortura y coacción, situación que atenta en contra de su integridad física y es violatoria a su dignidad humana; en dichos videos se pretende mostrar a la opinión pública una supuesta confesión, que vulnera el ejercicio de las libertades y los derechos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Todo ello con la anuencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. 

Exigimos el respeto a los Derechos Humanos del diputado Juan Requesen y su inmediata liberación, así como exigimos se respeten las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y se le permita el ejercicio de sus competencias para hacer prevalecer el Estado de Derecho y de Justicia. 

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