POLÍTICA

CIDH consideró preocupante suspensión de inmunidad de Freddy Guevara

por Avatar EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la suspensión de la inmunidad parlamentaria del vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, por parte de la asamblea nacional constituyente (ANC).

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió a la ANC que decidiera si mantener la inmunidad parlamentaria, para luego prohibir su salida del país, recogió la CIDH en una nota de prensa.

La ANC consideró que Guevara había incurrido de forma permanente en delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir.

Las acusaciones corresponden a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y fueron asociadas a la participación del diputado en las manifestaciones de principios de 2017.

La constituyente decidió suspender la inmunidad paralamentaria del vicepresidente de la AN el pasado 6 de noviembre.

La preocupación de la CIDH reside en la separación de poderes, especialmente en que este proceso penal sea contra un legislador opositor y que se incluya un desafuero practicado por la ANC.

La CIDH manifestó que desde 2013 ha recibido información sobre la práctica de esta regulación para criminalizar a defensores de derechos humanos y obstaculizar las protestas en Venezuela.

Los términos de esta ley se caracterizan por su ambigüedad reclamó la Comisión

Freddy Guevara es el tercer político del partido Voluntad Popular en ser procesado en los últimos tres años luego de que lo hicieran con Leopoldo López y Carlos Vecchio, recordó la CIDH.

Guevara y otros miembros de la formación opositora son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión a inicios de este año por considerar que se encontraban en riesgo, debido a  hostigamientos, amenazas y detenciones arbitrarias como consecuencia de su posición política.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió este año, en tres oportunidades  al gobierno de Venezuela que les permita hacer una visita al país para analizar la situación de derechos humanos, solicitud que fue rechazada.