En la tercera conferencia del ciclo organizado por el IEPFT, Christi Rangel, especialista en descentralización y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (ULA), disertó sobre El Gobierno Abierto a nivel local: un nuevo modo de interacción sociopolítica que supone una relación transparente y participativa entre ciudadanos y Estado. En Venezuela es el desafío de la gestión pública para superar sus dificultades.
El Gobierno Abierto se ha vuelto tendencia a escala regional, debido a los efectos positivos en la relación sociedad civil-Estado que ocasiona esta modalidad de gestión que está centrada en el ciudadano y en la transparencia, pero no en Venezuela. Mientras varias localidades de al menos seis países de América Latina lo han instaurado con éxito, en los últimos años, solo el municipio Rivas Dávila, uno de los 23 del estado Mérida, aprobó en 2019 un plan de Gobierno Abierto que permitió participación ciudadana y acceso a la información, pero no se continuó.
Frente a la “fracturada relación entre el Estado y la sociedad civil, la desconfianza mutua y la cuestionada legitimidad”, los municipios venezolanos a través del ejercicio del Gobierno Abierto pueden contribuir a desmarcarse de ese contexto nacional, expresó la también economista.
Christi Rangel dice que existe paradigma de gestión
“Estamos en presencia de un paradigma de gestión pública que busca mejorar y perfeccionar el sistema democrático. En este no hablamos de sustituir la representación. Sino de mejorar la comunicación entre ciudadanos, los representantes y líderes políticos y los funcionarios de la administración pública”.
Rangel, quien es también coordinadora de la organización Transparencia Venezuela en el estado andino, expuso el tema El Gobierno Abierto a nivel local, en la tercera de las ocho conferencias magistrales sobre políticas públicas locales que organiza el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) en su interés formativo sobre aspectos municipales.
“La aplicación de Gobierno Abierto contribuye a la restauración de la confianza de los ciudadanos en el sector público. Garantiza mejores resultados de políticas públicas con menor costo, sobre todo teniendo en cuenta que se aprovechan tecnologías digitales y que el Estado va a estar abierto a la colaboración de los ciudadanos. Asegura la equidad y esto significa la inclusión de todos los grupos interesados al acceso de la formulación de políticas públicas. Además, fomenta soluciones innovadoras, se minimizan los riesgos de corrupción y así se legitima la acción de gobierno. Y se fortalece la democracia que es el fin último”.
Una decisión desde el poder
El profesor Carlos Mascareño, especialista en desarrollo local y conductor del ciclo de conferencias que culminará el martes 29 de noviembre, destacó la importancia de la materia. Luego de la presentación en nombre del Instituto que preside Ramón Guillermo Aveledo.
“El Gobierno Abierto es una tendencia en las nuevas formas que adopta el Estado contemporáneo, que avanza en Europa y en los Estados Unidos. En América Latina hay gran déficit y en Venezuela no es un tema que haya calado, y las razones son múltiples. Sin embargo, está profundamente relacionado con la legitimación del Estado venezolano. Y por ende del desarrollo institucional de la democracia”, dijo.
Señaló que si bien en Venezuela, particularmente, la principal queja ciudadana es la opacidad absoluta de las instancias públicas, el no acceso de los ciudadanos a la información que le es propia. Estos cambios necesarios están vinculados a la voluntad de los gobiernos.
“Eso supone una decisión desde el poder, pues abrir información es parte del intercambio con los ciudadanos”.
Principios del Gobierno Abierto
Rangel destacó en su exposición que el Gobierno Abierto surgió como respuesta a la crisis de la democracia representativa, ocurrida a finales del siglo XX. Esta involucró la desconfianza hacia los partidos políticos. Así como la falta de respuesta de las burocracias crecientes a las necesidades humanas, la corrupción y el deterioro de la relación de las élites de representación con los ciudadanos. Todo esto en medio de la irrupción de tecnologías digitales.
Luego de definirlo como nuevo modo de interacción sociopolítico de los ciudadanos, las empresas, los partidos políticos con los líderes en el gobierno o en la burocracia, la especialista mencionó los tres principios que lo sostienen: La transparencia, la participación y la colaboración. A estos agregó las tecnologías digitales y la innovación desde el sector público, ambos como eje transversal.
“Estos pilares contribuyen a una forma de ejercer el poder con mayor equilibrio y diálogo entre quienes tienen en sus manos la autoridad para tomar decisiones y los receptores de esas decisiones y acciones de gobierno. Y el ciudadano es el centro de la acción de gobierno, al permitir el seguimiento de la ejecución y la evolución de las políticas públicas, cataliza y crea valor público lo cual es la razón del Estado», precisó.
Aclaró que el Gobierno Abierto involucra también a las autoridades de los poderes Legislativo y Judicial de cualquier país. “El Gobierno Abierto debe pensarse en Estado abierto en el que todos los poderes formen parte”.
De la información a la rendición de cuentas
Rangel profundizó en la importancia de la transparencia, es decir, el acceso a la información “que es propiedad de todos los ciudadanos y organizaciones”, a excepción de la información reservada y confidencial. “En los gobiernos locales, prácticamente toda la información en manos de los municipios debería ser propiedad de los ciudadanos y estar disponible para todos. Pero esta transparencia también abarca la rendición de cuentas que, más allá de hacerse una vez al año, debe ser bidireccional: que permita canales de comunicación entre los ciudadanos y el gobernante o representante de poderes este pueda ser interpelado”.
Refirió el Manual de Rendición de Cuentas de Transparencia Venezuela, como guía indispensable, y recordó la obligación de las autoridades del Estado de responder todas las peticiones de información formuladas por cualquier medio sin requisitos o explicaciones que justifique la solicitud.
“La regla es que la información es de los ciudadanos y no de las autoridades que solo gestionan o administran los datos que tienen que ver con la forma o el quehacer dentro de la administración pública”. Sugirió a la sociedad civil que todas las peticiones se hagan de forma física, con entrega de cartas.
Rangel sobre lo establecido en la Constitución
En el caso de la participación, es decir, la implicación de los ciudadanos y organizaciones en políticas públicas, indicó que pese a que la Constitución venezolana establece la democracia participativa y protagónica, aquella no existe porque “no tenemos acceso a la información sobre la gestión pública”. “Esto está asociado con el ejercicio de derechos civiles y políticos”, dijo. Mencionó que en países de democracias sólidas se busca incluir a las comunidades marginadas, como las minorías étnicas, las comunidades de pocos recursos, los migrantes, las mujeres y la comunidad LGTBI.
La colaboración, por su parte, debe ser voluntaria. Sobre las tecnologías digitales, destacó el tema de los datos abiertos. “No basta que el sector público ponga a disposición documentos o informaciones en sus portales, sino que además esta información debería permitir la interoperabilidad dentro de las administraciones públicas y que los datos puedan ser manipulados para producir otra información”.
Añadió un principio adicional formulado por Transparencia Internacional: los sistemas anticorrupción para que los gobiernos sean abiertos y la necesidad de que exista la división de poderes públicos para ejercer el control. “La crisis de legitimidad y representatividad, la crisis de confianza en el Estado tienen en buena medida que ver con prácticas corruptas descubiertas”.
Venezuela fuera de las buenas prácticas
Rangel se refirió al Open Government Partneship, la alianza del Gobierno Abierto, bajo los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación tecnológica para la configuración y supervisión de las acciones de los gobiernos. Esta alianza, conformada en la Asamblea General de la ONU en 2011 está integrada por 78 países y cerca 80 gobiernos estatales y municipales que han promovido más de 4.000 compromisos en el mundo y llevado a soluciones que han mejorado la calidad de vida de la gente.
En este estudio, que se puede leer mediante este link pueden constatarse los avances en localidades en Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y, México. Este último tiene la mayor cantidad de municipios involucrados en planes de acción, en los que los gobiernos locales trabajan de la mano con la sociedad civil.
Invitó a conocer las experiencias exitosas en Chile y su plan de participación para enfrentar la crisis climática (2021), Bogotá y su programa de participación para aportar ideas y proyectos, y Buenos Aires y su plan de Presupuesto Abierto a la Ciudad, a través de este link y esta página web.
Pero en América del Sur, Venezuela y Bolivia no se han integrado, al igual que Cuba y Nicaragua en Centroamérica, expresó basada en el estudio.
Los retos por venir según Rangel
“En nuestro país tenemos grandes retos que enfrentar y que el Gobierno Abierto podría ayudarnos a superar cuando lográramos una voluntad política decidida a favor del respeto de estos principios”, dijo Rangel.
Los gobiernos municipales de Venezuela pueden instituir el Gobierno Abierto, insistió. “Sabemos de la asfixia financiera y de cómo los recursos han sido expoliados con estimaciones presupuestarias irreales o subestimación de presupuesto. Este año el gobierno tomó la decisión de incluir los ingresos petroleros como ingresos extraordinarios y por tanto no se distribuyen como corresponden según la fórmula del situado constitucional pero aun así los municipios tienen el potencial de articular con organizaciones privadas, civiles, empresas y con ciudadanos para establecer programas colaborativos e ideas para el rescate de los bienes y servicios. Los municipios pueden marcar una clara diferencia si están dispuestos a esa apertura unilateral proactiva para rescatar la confianza”.
También pueden ser la voz de los ciudadanos ante el poder nacional por los servicios, y tienen la oportunidad de llevar adelante mecanismos para prevenir la corrupción y encaminar denuncias de prácticas corruptas.
Se refirió al índice de Transparencia Municipal y de Alcaldías, mediante el cual la organización Transparencia Venezuela evaluó 150 alcaldías y concejos municipales, en 2017. Ninguno de las localidades obtuvo puntuación mayor a 66. Ante estos resultados, se propuso un plan de acción de Gobierno Abierto que aún espera por ejecución. “Aunque se puede soñar con un Gobierno Abierto en Venezuela”, afirmó.
Para conocer los planes, invitó a las autoridades municipales a acceder a este enlace.
Y también a visitar al Microsite de Gobierno Abierto para encontrar y profundizar en la información, a través del enlace.
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