Víctor Clark no solo se metió en el chorro de agua cuando se lo ordenó Nicolás Maduro el 8 de septiembre al inaugurar una planta desalinadora en Paraguaná, Falcón, sino que anunció los recursos que recibe la gobernación de ese estado, asignado por Miraflores, mientras la titular Stella de Montilla aparece en segundo plano.
Clark fue designado el 28 de septiembre como autoridad encargada de la Zona Económica Especial de la península por el vicepresidente Tareck el Aissami en la sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva en Falcón.
Su caso pudiera ser una anécdota de la campaña regionales, pero la situación se repite en otros 7 estados. El 25 de septiembre, en Mérida, Yehyson Guzmán, aspirante a sustituir al mandatario Alexis Ramírez, dijo desde el comando que administrarían 98 millardos de bolívares para terminar algunas obras. Participó en la “Operación Cocuyo”, creada por Corpoelec, para alumbrar las calles; y el 28 de septiembre, entregó 40.000 ayudas a igual números de familias.
Guzmán lo llama “campaña y gestión de gobierno”, pero para Transparencia Venezuela es un delito, pues los recursos del Estado son usados para favorecer a determinadas tendencias a pesar de estar prohibido por la Constitución y de constituir un ventajismo electoral.
El candidato del Partido Progresistas Merideños, Daniel García, denunció la supuesta desaparición de activos de la gobernación ante la eventual derrota del chavismo, y que aumentaron la partida de propaganda para promover a Guzmán: “5 millardos de bolívares mientras la gente no tiene con qué comer. Un pendón vale 50.000 bolívares y una valla entre 1 y 2 millones, y el PSUV llenó el estado”.
En Lara, Carmen Meléndez recibe ayuda de Miraflores al igual que Rafael Lacava que reparte bolsas CLAP, casas y coordina reuniones con los cuerpos de seguridad en Carabobo. Héctor Rodríguez da órdenes al Ministerio de Educación para que envíe Canaimitas y al Ministerio de Alimentación para usar galpones regionales para empaquetar los CLAP. Además, cuenta con el respaldo de CorpoMiranda. Marco Torres hace proselitismo en Aragua con carros de la Fuerza Armada, recursos de la gobernación, como lo muestran fotos de las dependencias regionales.
La relación gobierno y candidatos del PSUV quedó evidenciada cuando el 25 de septiembre, dos días después de arrancar la campaña electoral, Maduro convocó a 9 de los aspirantes al Palacio de Gobierno y anunció que aprobó cerca de 1 millardo de bolívares, concretamente 944. 444.000 Bs. Los recursos irán a Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy.
Campaña desigual. La activación de los programas Somos Venezuela y Chamba Juvenil son percibidos como “armas electorales” para captar jóvenes en edad de votar y obligarlos a acudir el 15 de octubre, afirmaron dirigentes del PSUV. Cuentan cómo censan a los beneficiados, colocan sus datos en una cuenta adscrita a la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, y allí deciden a quiénes se les asigna los recursos y entran en una base del PSUV.
“En la oposición estamos conscientes que la campaña es desigual: es el Estado al servicio de un partido político, de un proyecto. El gobierno mantiene un control férreo de los medios públicos y privados que, por temor a sanciones, se pliegan y no dan espacios. La política es inculcar miedo a todo nivel. Es lo que los sociólogos llamamos ‘manipulación de masas’. Sin embargo, la Unidad Democrática no puede callar, ni dejar de participar; al contrario, debe develar todos esos delitos y pedirle al CNE, a la Contraloría y la Fiscalía que actúen”, afirmó el concejal de Primero Justicia, Máximo Sánchez.
Por ley, los partidos y los candidatos deben presentar ante la Oficina de Control de Financiamiento de Campaña del CNE un libro contable, en el cual asentarán los gastos y los aportes. Al finalizar la campaña, tienen que llevar un balance y justificar el destino de los recursos.
EL DATO
El artículo 67 de la Constitución establece que no se permitirá el financiamiento de las asociaciones políticas con fondos del Estado. La ley regulará el financiamiento y a las contribuciones privadas a partidos, y los mecanismos de control. El financiamiento de la propaganda y de las campañas será regulado por la ley. Las direcciones de partidos no podrán contratar con el sector público.