En 10 días, desde que la asamblea nacional constituyente ordenó al Consejo Nacional Electoral adelantar las elecciones presidenciales hasta que el PSUV oficializó la candidatura de Nicolás Maduro, el gobierno ha inhabilitado dos tarjetas electorales de la oposición: la Mesa de la Unidad Democrática, porque su validación contravendría la prohibición de doble militancia, y a Primero Justicia al no permitir, sin justificación, que renovara su nómina en la fase de reparos.
Anteriormente, el Poder Electoral había ilegalizado a Voluntad Popular y a Puente, por negarse a participar en la renovación de las organizaciones que ordenó la constituyente en diciembre del año pasado. Los dirigentes que representan una competencia para el chavismo también han recibido medidas que los sacan del juego político. A Leopoldo López, de VP, lo inhabilitaron durante el mandato de Hugo Chávez (2008) y luego en el de Maduro (2014) por tres años, además de cumplir arresto domiciliario. En 2005, al ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma le prohibieron ejercer cargos públicos y luego en 2014 lo privaron de libertad por supuestos hechos de violencia.
A María Corina Machado, la Contraloría la inhabilitó en 2015 por un período de 12 meses, mientras que a Henrique Capriles Radonski, en 2017, y después de medirse con Chávez y Maduro lo alejaron del camino presidencial por 15 años. El ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien está en desacuerdo con las políticas oficiales, también recibió la medida el jueves 1° de febrero. Su notificación señala que no puede aspirar a cargos públicos por un período de 12 meses, en víspera de celebrarse una elección presidencial.
El politólogo Benigno Alarcón explicó que la escogencia de partidos y candidatos en tiempos electorales, a conveniencia del gobierno, es común en procesos de autocratización. “La estrategia es que Maduro compita con un adversario que él escoja para garantizar su permanencia en el poder. No porque sean amigos, sino porque tienen más oportunidad de perder en un evento electoral”, dijo.
El cálculo del Ejecutivo, afirma Alarcón, está basado en tener un aspirante a la Presidencia que genere mayores fracturas en la oposición y, en consecuencia, desconfianza en el electorado.
Asegura que deben existir condiciones mínimas que garanticen competitividad y transparencia en el proceso, y el tiempo es un factor determinante para certificar que el candidato podrá hacer su campaña y que el CNE realizará las auditorías. Alarcón, también director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, señala que Maduro manipula a la población y fomenta la incertidumbre en las reglas para tener certeza en los resultados electorales.