Aunque el Ministerio Público ordenó investigar los casos de los menores de edad que murieron en las protestas ocurridas entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, ninguno de los responsables ha sido condenado bien porque no se han presentado las pruebas suficientes o por retardo procesal, según Funpaz y Amnistía Internacional.
De acuerdo con el último informe de la Fiscalía bajo el mando de Luisa Ortega Díaz, publicado el 7 de agosto del año pasado, 127 personas murieron durante los 4 meses de manifestaciones antigubernamentales; 16 de ellas tenían edades comprendidas entre 13 y 17 años, y pese a que durante la gestión de Ortega, como titular de la acción penal, se designaron los fiscales correspondientes, las investigaciones se paralizaron cuando Tarek William Saab fue designado como fiscal general por la asamblea nacional constituyente el 5 de agosto de 2017.
“Que se hayan ordenado las averiguaciones no significa que se estén haciendo las diligencias, ni que haya calidad técnica adecuada para efectuarlas, debido a la opacidad de la información. No hay cómo corroborarla”, dijo una fuente de Amnistía Internacional.
Por la poca claridad del Ministerio Público respecto a las fases del proceso penal, solo se ha dado información sobre 2 de los 15 menores de edad: Fabián Urbina y Brayan Principal.
Iván Urbina, padre del joven de 17 años de edad que fue asesinado en Altamira, aseguró que por el hecho están detenidos 3 guardias nacionales en Ramo Verde y ya las autoridades identificaron al funcionario que disparó, sin embargo, la audiencia preliminar se ha diferido en 5 oportunidades. “Las aplazan por motivos incomprensibles como por ejemplo que no se elaboren las boletas de traslado de los guardias”, aseveró. Para hoy está previsto que se efectúe la audiencia para avanzar con el proceso.
En el caso de Principal, de 14 años de edad, que recibió un impacto de bala, el director de Funpaz Andrés Colmenárez señaló que uno de los dos responsables está recluido en la cárcel de Uribana, y también se encuentra a la espera de la audiencia preliminar. Indicó que el sistema de justicia está amarrado a las decisiones políticas del Ejecutivo, y por eso los casos no se resuelven de manera expedita.
“Lo importante es que la justicia no se haga eco del retardo procesal porque tanto en el informe de Ortega Díaz como en el de Saab, la impunidad ronda el 90%. Es decir que de cada 100 casos sobre los que el Ministerio abre una investigación, 90 quedan impunes porque no se presentan las pruebas o por falta de voluntad”, señaló el activista de los derechos humanos.
En resumen, de los 16 jóvenes fallecidos, 13 recibieron impactos por arma de fuego, 5 de ellos en el cerebro; 6 en tórax y abdomen. Las otras 2 causas de muerte no fueron precisadas por el Ministerio Público. El 20 de abril, un joven murió por una descarga eléctrica durante un saqueo registrado en El Valle y, ese mismo día, Albert Rodríguez inhaló gas lacrimógeno y por complicaciones cardíacas falleció. En Bolívar, Oswaldo Britt fue arrollado por un camión mientras protestaba.
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