En la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó –con la abstención de la Fracción Parlamentaria de Cambiemos– la designación de una junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, en cumplimiento con el artículo 15 del Estatuto que rige la transición hacia la democracia.
La Junta Directiva estará integrada por los ciudadanos Ricardo Villasmil, Ruth de Krivoy, Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Giacoma Cuios, quienes asumirán el compromiso de «rescatar y proteger las reservas internacionales» de la nación.
No obstante, Ruth de Krivoy, ex presidente del BCV, desmintió en declaraciones ofrecidas al Servicio de Información Pública formar del equipo ad hoc, al alegar que ningún parlamentario le consultó sobre esta decisión.
Luego de que se aprobara el acuerdo sobre la designación del directorio ad hoc del BCV y de que la plenaria, con abstención de Cambiemos, diera su beneplácito a los nombres propuestos por la comisión especial integrada por los diputados Macario González, Freddy Valera, Omar Barboza y José Guerra, el Centro de Comunicaciones del presidente interino Juan Guaidó publicó en su cuenta de Twitter un mensaje con las designaciones aprobadas, que más tarde fue sustituido por uno con la nota oficial del Parlamento.
“Estas postulaciones solo serán efectivas una vez que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, los apruebe y los nombre por decreto, cumplido dicho procedimiento, serán designados oficialmente”, aclaró el documento.
Los ciudadanos que integren la junta ad hoc no podrán usar ni disponer de los fondos rescatados durante su gestión, que se extenderá hasta el momento cuando haya cumplido con su finalidad, o la autonomía de la institución bancaria sea restablecida.
Además, el Legislativo acordó oficiar a las autoridades se Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Banco de Inglaterra el acuerdo en rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez, aprobado por el Parlamento el 26 de junio de 2018.
Igualdad de género
El Parlamento debatió la violencia de género y las violaciones de los derechos de las mujeres y la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual tanto en Venezuela como en el extranjero, debido a la crítica situación que enfrenta el país.
Los legisladores exigieron a todas las instituciones del Estado cumplir con la erradicación de la violencia de género, como establece la Organización de las Naciones Unidas y los convenios internacionales suscritos por el país.
los 94 diputados presentes en la plenaria acordaron realizar una investigación para obtener cifras concretas sobre la violencia contra la mujer, en forma de esclavitud moderna y feminicidio, tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de elaborar un informe detallado sobre la situación.
También se comprometieron a garantizar el apoyo a los programas, campañas y proyectos relacionados con la lucha contra violencia de género e incorporar la misión de género en toda la planificación de la atención especial de ayuda humanitaria, además de solicitar a los países de la región que, entendiendo la grave crisis nacional, generen programas para evitar la violación de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.
Manuela Bolívar, presidente de la Subcomisión de Género, afirmó que el informe elaborado desde la instancia que preside refleja las violaciones en lo político, laboral y en el tráfico de personas y trato de blanca que sufren las mujeres venezolanas.
«2% de las mujeres venezolanas en el exterior, entre 15 y 49 años de edad, son sobrevivientes de violencia sexual. A muchas les quitan su documentación para que entren a una red de tráfico y mercadeo de personas. 41 féminas fueron asesinadas, mayormente a manos de la trata de blancas, y sus cuerpos fueron a dar al tráfico de órganos», manifestó la parlamentaria durante su intervención.
Indicó que el Parlamento tiene la obligación de ser voz y de investigar los crímenes que sufren las mujeres a manos del crimen organizado: «Hoy no se sabe qué ocurre con el tráfico de personas, el feminicidio y la violencia en contra la mujer; esto debe acabar porque donde hay silencio hay impunidad».
La Cámara le dio derecho de palabra a Luisa Kislinger, representante de la Asociación Civil Mujeres en Línea, quien resaltó que la igualdad de género es un tema que incluye a todos los sectores de la sociedad, debido a que no se puede hablar de democracia cuando la mitad de la población ve vulnerados sus derechos.
Responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de vulnerar las garantías constitucionales de las mujeres al someterlas a grandes colas para comprar alimentos, usarlas como mano de obra gratuita en los programas sociales que implementan y prohibirles su derecho a la autonomía reproductiva.
«No hay un plan nacional para combatir la violencia de género, no hay protocolos para la investigación de feminicidios. No hay albergues para mujeres víctimas de violencia. De 7.500 denuncias sobre violencia de género menos del 1% llegó a juicio. Nos agreden física, verbal y psicológicamente, y no tenemos a dónde ir», señaló la activista por los derechos de las féminas.
La diputada Milagros Eulate denunció que durante las manifestaciones del 30 de abril cinco mujeres, tres de la tercera edad, fueron agredidas por la Guardia Nacional Bolivariana en un centro hospitalario del estado Vargas: «Esa es la forma cómo un gobierno forajido trata a la mujer».
Expuso el caso 19 jóvenes venezolanas entre 15 y 19 años que estaban secuestradas como esclavas sexuales en Trinidad y Tobago, debido a que se han visto obligadas a «deambular por el mundo con la miseria acuesta del régimen».
Solicitó una investigación sobre ese y otros casos de violencia contra la mujer: «No puede haber paz y unidad donde no hay justicia. La impunidad debe acabarse y desde la Asamblea Nacional vamos a ver muy pronto a la Venezuela libre donde la impunidad cese».
La legisladora Tamara Adrián alertó que un número importante de connacionales que han sido rescatados de esclavitud sexual o trabajo sexual forzado son mujeres trans y hombres gay, con quienes el país tiene una deuda histórica.
Aseguró que el régimen ha dejado atrás las demandas del siglo XXI, que exige el desarrollo de un país a través de la inclusión social. Ante esta situación, pidió a la plenaria trabajar garantizarle identidad a la comunidad LGBTI, legalizar el matrimonio igualitario y el aborto.
«Los temas de igualdad son urgentes para aquellas personas que reclaman su derecho de tener derechos iguales. Cambiemos el mundo, cambiemos nuestra mentalidad», enfatizó.
La diputada Liz Carolina Jaramillo recordó la violación de los derechos políticos que han sufrido las mujeres en el país, en especial la clarinetista Karen Pérez, quien fue detenida luego de denunciar en su cuenta de Twitter la cancelación de su contrato con el Sistema Nacional de Orquestas por haber participado en el plebiscito del 16 de julio de 2017, y más de las 10 diputadas que se encuentran en el exilio o bajo resguardo de gobierno extranjeros.
Respaldo a la alta comisionada
El Legislativo rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro en contra del informe publicado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 4 de julio, y ratificó su respaldo a las denuncias recogidas en el documento.
Los parlamentarios acordaron exhortar a Bachelet para que instale una misión técnica especializada de manera permanente en territorio nacional, con el objetivo de hacer seguimiento continuo a la situación de derechos humanos.
En el debate, el cuerpo legislativo recordó que el informe elaborado por la alta comisionada recoge las denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, por lo que descartaron que el documento sea influencia de alguna nación del mundo, como ha dicho la cúpula gobernante.
Williams Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior, afirmó que el régimen le tiene miedo al contenido del informe porque ha tomado relevancia en el mundo y cumple los protocolos para que sea considerado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Recordó que el Parlamento del Mercado Común del Sur aprobó recibir en su seno a la alta comisionada para que diera a conocer su informe en una fecha a convenir.
«Eso es un golpe para el régimen usurpador porque la izquierda latinoamericana no puede coincidir nunca con un régimen fascista, comunista y totalitario», sentenció.
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