El fideicomiso entre la Argentina y Venezuela, que incluyó negocios binacionales por más de 20.000 millones de dólares entre 2012 y 2016, fue objeto de varias inconsistencias como sobreprecios y facturación irregular que involucró a más de 15 empresas argentinas, según se desprende de un informe de la Sindicatura General de la Nación, Sigen, al que accedió La Nación.
Compañías de la industria láctea, como Sancor, y otras especializadas en la venta de pollos, como Granja Tres Arroyos, fueron algunas de las involucradas en la venta de productos a Venezuela con sobreprecios por, al menos, unos 235 millones de dólares, calculó la Sigen.
El organismo auditor comparó las facturas que pagó el Estado bolivariano por esos productos con los precios de exportación que utilizaban las empresas argentinas y descubrió sobreprecios de hasta 90% en algunos productos.
Sancor fue la empresa que más sobreprecios aplicó a los productos vendidos a Venezuela: facturó, en total, 403 millones de dólares por la venta de leche en polvo, con un incremento de 23% con respecto a los precios de referencia. Es decir, se quedó con una diferencia de 95 millones de dólares, según el estudio realizado por la Sigen.
Desde Sancor dijeron que vendieron leche en polvo a Venezuela con precios más altos por la falta de seguridad en los pagos. Recordaron que el gobierno venezolano todavía adeuda una cifra cercana a los 30 millones de dólares y remarcaron que no hubo ningún tipo de irregularidad.
«Todas las operaciones comerciales de Sancor con Venezuela fueron controladas por la AFIP, el Banco Central y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes. Las operaciones fueron transparentes en todo momento y pueden verificarse en las cuentas públicas», dijeron desde la empresa.
La justicia investiga en estos sobreprecios un posible soborno transnacional, es decir, el delito de las empresas argentinas como partícipes de una defraudación al Estado de Venezuela. Pero los investigadores apuntan también a la supuesta complicidad de los funcionarios kirchneristas, que les aseguraban a las empresas ingresar en ese mercado.
Otra de las compañías involucradas en los sobreprecios es Bioart, una firma de la familia Vignati. Le vendieron maíz, leche en polvo, arroz y aceite a Venezuela con un sobreprecio total de 57 millones de dólares, según la Sigen. Además de su inversión en Bioart, los Vignati –también dueños de radio El Mundo– solían frecuentar a José María Olazagasti, la mano derecha del entonces ministro Julio De Vido y quien mantenía las relaciones con el gobierno chavista.
Pollos congelados
La empresa tucumana Paramérica SA también facturó con sobreprecios: le vendió legumbres y maíz con un precio superior al de mercado por 38 millones de dólares, indica la Sigen. Pero también exportó soja por un precio inferior al de mercado, lo que llamó la atención de los investigadores.
Los sobreprecios para las ventas a Venezuela también involucran a varias empresas dedicadas a la venta de pollo congelado, como Granja Tres Arroyos (17 millones de dólares), Las Camelias (8 millones de dólares), Soychu (14 millones de dólares), Rasic Hnos. (3 millones de dólares).
Ante la consulta, desde Granja Tres Arroyos dijeron que le vendían a Venezuela a un precio más alto por distintos problemas que le ocasionaba.
«Ese era el precio de mercado para Venezuela. Los proveedores de otros países le vendían también a un precio parecido. El problema era que el flete y la logística eran muy dificultosos. Era un precio razonable para el producto que le vendíamos», afirmaron desde la empresa.
La auditoría de la Sigen no incluye, sin embargo, comparaciones de precios para otras empresas dedicadas, por ejemplo, a la venta de productos de tecnología para Venezuela, como Coradir SA, Novatech SA y Unitek, que facturaron cientos de millones de pesos dentro del fideicomiso.
Tampoco incluyen los sobreprecios que facturaron todas las compañías de José Levy, un empresario que se hizo millonario con la venta de productos a Venezuela. En 2011, el empresario había declarado ante la AFIP bienes por 1 millón de dólares, pero después de hacer negocios con el fideicomiso ingresó en el blanqueo una fortuna de 1.400 millones de dólares.
Levy acumuló negocios con el gobierno bolivariano por unos 550 millones de dólares a través de varias empresas que se dedicaban a venderle desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional. La justicia detectó varios indicios de corrupción, como algunos contratos con sobreprecios de hasta 300%. Durante esos años, el empresario había forjado relaciones con Olazagasti, el hombre detrás de la «diplomacia paralela» con Hugo Chávez .
El informe de Sigen fue requerido por el fiscal Pablo Turano, que investiga a Levy por soborno transnacional y lavado de dinero. La información de la Sigen podría ser utilizada como prueba de que las ventas a Venezuela a través del fideicomiso contaban con sobreprecios en varios rubros y empresas como un mecanismo habitual.
La auditoría de la Sigen, además, ya está en manos del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que tendrá que decidir si le da curso a una nueva investigación sobre este grupo de empresas.