En medio de una política de represión de la población, el gobierno venezolano ha extendido su control con el allanamiento ilegal de viviendas y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad, alertó hoy Amnistía Internacional (AI).
«Se trata de un mecanismo más de represión, un mecanismo que está llevando la represión de las calles a la vida privada y al espacio privado de las personas, generando una situación de terror», dijo a Efe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
El día en que se presenta el informe «Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», Guevara-Rosas explicó que los allanamientos, la mayoría enmarcados en las masivas protestas de la oposición de abril a julio que dejaron más de 120 muertos, agravan la «violación de derechos humanos» en ese país y violan «los estándares internacionales».
Para la elaboración del informe, un grupo de expertos de la ONG viajó a cuatro ciudades venezolanas -en los estados de Miranda, Carabobo y Lara, además del Distrito Capital (Caracas)- con un elevado número de allanamientos, y también recogieron datos de entidades civiles locales.
«No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados» sin saber si han desencadenado detenciones, indicó la representante de AI.
El informe destaca que hay «evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales».
Pero algunos allanamientos se producían «muchas horas después», y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.
Entre quienes acogían a manifestantes en sus casas, hubo incluso detenciones arbitrarias «de corto plazo» y violencia.
«Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas», señala el informe.
Según el testimonio de algunas de las 120 personas entrevistadas, también hubo uso de armas de fuego y gases lacrimógenos, destrozo de las zonas residenciales y robo de objetos dentro de las propiedades como relojes, computadores o teléfonos móviles.
En ocasiones los allanamientos los llevaban a cabo grupos de civiles armados que «operan en paralelo y, de alguna manera, con el apoyo de las autoridades», explicó Guevara-Rosas.
Por ello, Amnistía Internacional considera «incuestionable» que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, padece una «crisis inconstitucional».
Y está «estrechamente ligada a altos niveles de impunidad», con detenciones arbitrarias, configuración de grupos civiles armados y ahora el allanamiento ilegal a domicilios.
AI concluye que es «imperativo» que el Estado venezolano cese de inmediato los allanamientos y detenga «de forma urgente» la práctica de «uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad».
También solicita que se «investigue y sancione de manera eficiente e imparcial, y por un tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados» y a los funcionarios que llevaron a cabo dichos allanamientos.
Además, pide al gobierno de Maduro «las garantías necesarias para que las investigaciones sean imparciales y no supongan un riesgo para las víctimas que busquen justicia y reparación integral».
Y también que «garantice los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la vida privada», y libere a quienes han sido detenidos de manera arbitraria en estos meses, declinando asimismo las competencias otorgadas a los tribunales militares.