La organización especializada en prevención y resolución de crisis International Crisis Group considera que el gobierno y la oposición necesitarán de creatividad, imaginación y, sobre todo, de mucha voluntad política para acordar soluciones a los urgentes problemas de Venezuela. En un informe sobre la situación postelectoral publicado ayer y titulado Fin de la hegemonía: ¿qué sigue para Venezuela?, se advierte: ?Si las dos partes se enfrascan en una estrategia de confrontación, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, esta crisis empeorará rápidamente, llevándose por delante a los líderes tanto del gobierno como de la oposición?. Sobre la mayoría calificada de diputados alcanzada por la oposición en los comicios del 6 de diciembre el documento indica: ?Este giro ofrece la oportunidad de pactar entre dos poderes del Estado igualmente legítimos y, en consecuencia, de estar en mejores condiciones para evitar un mayor deterioro social y económico durante los tres años restantes del mandato de Nicolás Maduro?. ?El camino no va a ser fácil, sobre todo porque ambas partes van a necesitar algo de tiempo. El oficialismo no está acostumbrado a ser minoría y la Mesa de la Unidad Democrática tiene sus dilemas internos. Tendrá que haber negociaciones sobre los temas más urgentes, tanto en lo económico y social como en lo político. Venezuela está sumida en una crisis económica de grandes dimensiones, que amenaza con provocar un desastre humanitario?, dice la ICG, pocos días después de que la Cepal confirmó una contracción superior a 7% en la economía venezolana en 2015 y pronosticó un resultado similar para 2016. ?De lo contrario ?enfatiza la organización? el entrampamiento entre una legislatura cuyas leyes son vetadas, y un gobierno sometido a censuras y sintiéndose amenazado podría conducir a Venezuela a una crisis de gobernabilidad profunda de la que será difícil salir sin ayuda de terceros capaces de mediar o facilitar un diálogo?. International Crisis Group destaca que los problemas de los venezolanos deben ser resueltos entre los actores políticos, económicos y sociales, y evitar así fuentes externas de conflicto. Sobre el particular el documento sugiere que la comunidad internacional se debería limitar a apoyar los esfuerzos de conciliación. Como primera recomendación en el informe se insta a establecer una agenda legislativa compartida, con la finalidad de resolver los problemas urgentes y restaurar las libertades civiles.
