POLÍTICA

Adolescentes detenidos durante crisis poselectoral son acusados de fascismo, algo que ni siquiera conocen

por El Nacional El Nacional

16 de los 67 adolescentes detenidos arbitrariamente durante las protestas poselectorales han sido enviados a juicio vía telemática desde el 26 de septiembre, en el Tribunal 2 con competencia en terrorismo a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo.

Los 67 adolescentes son enumerados en el reporte más reciente de la ONG Foro Penal, que denuncia un total de 1.905 presos políticos en su balance del 30 de septiembre.

A los jóvenes se les acusa de supuestamente haber incurrido en terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y uso indebido de insignias y uniformes; y en las cárceles de presuntamente ser fascistas, un término que muchos de ellos desconocen a su corta edad.

En uno de los casos está imputado el hijo de 16 años de edad de Mariela, quien le ha preguntado en sus visitas “¿qué significa fascista?”. La frase se la repiten los custodios al adolescente, una promesa del béisbol venezolano.

El joven fue detenido la noche del 30 de julio en una cancha de la urbanización La Isabelica, al sur de Valencia. Supuestamente tenía cauchos y bombas molotov, pero videos grabados por los vecinos no lo evidencian.

“Tengo dos videos. Uno cuando lo están montando en la patrulla y lo están empujando y le pegan por la cabeza. También tengo un video donde lo golpean en el piso y uno de los policías grita que lo maten”, denunció la madre en una entrevista a Tal Cual.

 

Torturas contra adolescentes detenidos

Mariela aseguró que los custodios golpearon al adolescente en el comando policial. “Fue tan horrible que yo creía que estaba vomitando sangre. Los policías querían que yo grabara un video para que dijera que María Corina Machado me estaba pagando 30 dólares para salir a protestar. Yo no hice ese video”, le contó la víctima.

Familiares de los adolescentes detenidos se mostraron arrepentidos por no denunciar con anterioridad las irregularidades y violaciones a sus derechos. Señalan que hubo retraso de hasta 52 días para la audiencia preliminar, nunca se les permitió leer el expediente y tampoco designar un abogado privado.

Con información de Tal Cual.