La organización no gubernamental Acceso a la Justicia criticó este martes que la fecha escogida en Venezuela para las elecciones presidenciales, el 28 de julio, favorezca la movilización oficialista, por tratarse del día en el que se conmemorará los 70 años del presidente Hugo Chávez.
«¿Qué tiene de especial ese día? Mucho, para los simpatizantes del desaparecido mandatario, pues se celebra el natalicio de su líder. La jugada parece estar destinada a movilizarlos», indicó la ONG en una nota de prensa. Además cuestionó que el Consejo Nacional Electoral haya convocado estos comicios con menos de seis meses de antelación.
Remarcó que el llamado a las urnas se produjo el 5 de marzo, un día que tampoco se puede obviar, por tratarse de otra fecha simbólica para el chavismo, pues ese día, en 2013, se anunció el fallecimiento del entonces mandatario.
«La decisión del CNE de fijar las elecciones presidenciales el 28 de julio es la última evidencia de las escasas intenciones de las autoridades por celebrar elecciones transparentes, libres y justas, así como de reconstruir la democracia venezolana», denunció la organización.
Cronograma electoral para las presidenciales
Sobre los lapsos establecidos en el cronograma electoral, criticó que se haya dado poco tiempo para tareas como el registro de nuevos votantes y para la organización de misiones internacionales de observación, como la correspondiente a la Unión Europea, pactada en octubre pasado en la negociación entre el gobierno y la oposición.
«Parece ser el acta de defunción de dicho pacto, porque los lapsos parecen impedir la participación efectiva de los emigrantes o la observación internacional. Ambos asuntos, entre otros, formaban parte de las garantías electorales que se buscaban asegurar en estos comicios», resaltó Acceso a la Justicia.
Según el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el gobierno, Nicolás Maduro buscará su tercer sexenio consecutivo en el poder, mientras que la oposición mayoritaria aún no informa cómo resolverá su candidatura, en vista de la inhabilitación que pesa sobre la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias pero impedida para inscribirse.