En el tablero de las elecciones la delantera la lleva la incertidumbre, aunque al menos tres grandes bloques participan del juego: el gobierno, que recurre a la carnetización masiva y a los mecanismos de control de la militancia para tratar de remontar la cuesta del descontento popular; la oposición que rechaza las condiciones en las que se convocaron las elecciones, que hace esfuerzos por apuntalar el desconocimiento internacional de los resultados de los comicios, y otras fuerzas que sí decidieron medirse en las urnas y que intentan consolidar una maquinaria que defienda el voto en un escenario de absoluto ventajismo oficial
Los acontecimientos se han sucedido en forma vertiginosa y ya sólo un mes separa a los venezolanos de unos comicios cuya campaña arranca oficialmente hoy, con el telón de fondo del descontento popular. El 7 de febrero, en lo que lució como una acción coordinada entre las instituciones y el partido oficialista, la delegación del gobierno se retiró de las negociaciones con la oposición, Delcy Rodríguez registró en minutos y sin obstáculos un nuevo partido político y Tibisay Lucena convocó la elección presidencial sin cronograma. La MUD y la Asamblea Nacional rechazaron la fijación de una fecha (22 de abril primero y 20 de mayo después) y unas condiciones reñidas con la Constitución y la ley. El PSUV respondió con el anuncio de la candidatura de Nicolás Maduro, al tiempo que activó toda su estructura, tanto partidista como institucional “para participar y ganar”. Un tercer factor político, representado por Henri Falcón, algunos partidos minoritarios y otros candidatos poco o nada conocidos también acogieron el llamado del CNE, izando la bandera de defender el voto votando.
La oposición que rechaza la elección
Apuntalan consenso internacional para desconocer los resultados
En el entendido de que la oposición no se circunscribe a la Mesa de la Unidad Democrática, la primera acción política concertada de todos los sectores ciudadanos que adversan al gobierno fue instalar el Frente Amplio Venezuela Libre el pasado 8 de marzo.
La plataforma logró sentar por primera vez en 18 años, en un mismo espacio de debate y planificación, a la oposición tradicional, a las fuerzas vivas del país, a la juventud, a las iglesias y a la disidencia chavista.
Desde entonces han hecho modestas manifestaciones. Lo primero que se hizo, explica Ángel Oropeza, uno de sus integrantes, fue comprender la necesidad de articular y organizar el descontento: “Se trata de sectores muy diversos que estamos unidos en tres cosas esenciales. Primero, el rechazo al estado actual de las cosas. Segundo, la necesidad de que esto se supere. Y tercero, que se supere por vías pacíficas, constitucionales y electorales. Lo prioritario ahora es la organización”.
El 12 de marzo acudieron al PNUD en Caracas, para explicarle a la Organización de Naciones Unidas las razones por las que consideran que el llamado a votar del Consejo Nacional Electoral es tramposo; semanas más tarde el organismo confirmó que no sería observador. El 17 de marzo realizaron asambleas ciudadanas para conformar el Frente en todos los estados.
El 13 de abril integrantes del Frente en Caracas se concentraron frente al Consulado de Perú mientras en Lima sostenían reuniones de alto nivel con mandatarios regionales en la Cumbre de las Américas; el objetivo era el mismo: denunciar las irregularidades en torno al 20-M pedir presión internacional para que se convoquen elecciones competitivas y así se logró en ese foro internacional.
El martes 17 de abril se alzó la gran protesta nacional por la salud y dos días más tarde, el Congreso Nacional de Juventudes, integrante del Frente, presentó su hoja de ruta para la reconstrucción nacional.
“Hemos avanzado muy bien en el plano nacional y estadal. Estamos en varios municipios y ya han comenzado a surgir líderes en algunas parroquias. Además, sectores que se habían incorporado y partidos que no son de la MUD (Nuvipa, Bandera Roja, Puente, Gente Emergente) ya comienzan a acercarse para sumarse”, afirma Oropeza.
Además, el Frente ha llamado abiertamente a no participar el 20-M. “Ese día no habrá una elección porque no podremos votar por los candidatos que queremos porque están presos, en el exilio o inhabilitados; no vamos a votar por los partidos que queremos porque anularon las tarjetas; no es una elección porque no abrieron el Registro Electoral cuando debían y por el tiempo que debían. En fin, no es una elección porque han montado un sistema fraudulento para lograr una mayoría siendo minoría”, afirmó el diputado Stalin González (UNT).
Denuncia contra el proceso. Una duda que asalta a los seguidores del llamado del Frente a no votar es: ¿qué harán mientras dure la campaña, el 20M y después de esa fecha?
“Para luchar por elecciones de verdad el primer paso es denunciar que esto no es una elección. Y no es abstención porque la abstención es un derecho frente a un proceso electoral, pero esto del 20M no lo es. De manera que no participar no es abstención, es no prestarse a un show”, dice Oropeza.
Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela e integrante del Frente afirma que mientras dure la campaña se enfocaran en la difusión de las razones por las que no se debe participar: “En las próximas semanas hay que hacer casa por casa, cara a cara, seguir conformando el Frente en las localidades y explicar una y otra vez que esto no es una elección. Se han planificado reuniones sectoriales amplias y probablemente se hagan 3 grandes convocatorias de aquí al 20 de mayo”.
Sobre los días posteriores al 20-M, Oropeza tiene dos consideraciones. “Lo que logremos el 20 y después del 20 dependerá de lo que hagamos hoy. Haremos pedagogía política. En la medida en que la gente entienda que el 20-M no habrá una elección, se reduce la frustración el 21. Y además, comprender que el frente no es para el 20 de mayo, es para tener capacidad de respuesta organizada después del 20”.
Desde la Asamblea Nacional. El Parlamento, único bastión institucional que no responde al gobierno, ha aprovechado foros internacionales como la Unión Interparlamentaria Mundial y el Parlaméricas para exponer las razones del Poder Legislativo para rechazar la convocatoria del 20-M.
Al día siguiente de la suspensión de las negociaciones en República Dominicana el diputado Julio Borges (PJ) inició una gira que lo ha llevado a plantear los argumentos de la MUD con altas autoridades de Panamá, México, Chile, Perú, Colombia, Francia y España. El 3 de abril se le unió Antonio Ledezma (Soy Venezuela) y expresaron su decisión de trabajar juntos ante la comunidad internacional por la restitución de la democracia.
Consecuencia o no de esas gestiones desde febrero hasta el presente se han producido sanciones contra 67 funcionarios del gobierno y ha habido pronunciamientos de rechazo a las condiciones de la elección venezolana y desconocimiento de sus resultados desde integrantes de la Organizaciónde Estados Americanos, la Unión Europea, la ONU y el Grupo de Lima.
El pasado martes, la plenaria de la AN acordó por votación nominal, con el voto a favor de 105 diputados y 2 votos en contra de un representante del PSUV y otro de Patria para Todos, que se declarara procedente el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
La oposición que apuesta por el voto
Aceitar la maquinaria es el reto de los comicios
A 28 días de las elecciones presidenciales son muchas las preguntas acerca del candidato Henri Falcón y sus posibilidades de vencer obstáculos como la abstención y el ventajismo y las irregularidades electorales denunciadas por la oposición en elecciones pasadas.
Falcón es un abogado y militar retirado del Ejército de 56 años de edad. Formó parte del Movimiento V República y del PSUV, hasta 2008, cuando decidió desvincularse del chavismo. Fue gobernador de Lara entre 2008 y 2012; y entre 2012 y 2017, y resultó derrotado durante las pasadas elecciones regionales por Carmen Meléndez. El mismo Falcón atribuyó su derrota a la migración inconsulta de 200.000 electores en esa entidad, sin embargo, decidió reconocer la victoria del Gobierno.
En el comando de campaña de Falcón conviven todo tipo de fuerzas políticas, dirigentes de la llamada “cuarta República”, exchavistas, como el propio Falcón y —aseveran los integrantes del comando— algunos miembros de las bases de los partidos de oposición como PJ, AD y Un Nuevo Tiempo.
El candidato designó como su jefe de campaña al ex aspirante presidencial Claudio Fermín, mientras que el secretario general del Movimiento Al Socialismo, Felipe Mujica, dirige la comisión de estrategia. Enrique Ochoa Antich, de la agrupación política Juntos, está a cargo del voluntariado nacional y Pedro Pablo Fernández, hijo del excandidato presidencial Eduardo Fernández, coordina la estructura nacional. El economista y exasesor financiero de la Asamblea Nacional —cuando esta era controlada por el PSUV— Francisco Rodríguez está encargado de dirigir el equipo que elabora el programa de Gobierno.
“Es un equipo profesional, de dirigentes sociales, con una estructura de comandos que tiene los comités usuales, los comandos sectoriales, los gremios, dividido por segmentos sectoriales y áreas geográficas y por centros de votación estadal, municipal, comunal o parroquial, dependiendo de la estructura de la zona”, explicó el integrante del comando y miembro de la dirección nacional de Avanzada Progresista, Ricardo Ríos.
Una estructura con debilidades. Ríos admite que existen debilidades “organizativas” en la cobertura de las mesas electorales, pero acota que estas no son nuevas, pues la MUD tampoco logró cubrir 100% de estos lugares en comicios anteriores.
“Le otorgamos la importancia debida a solventarlo. La oposición nunca ha cubierto todas las mesas, hay mecanismos paralelos que podemos usar”, afirmó.
La diputada suplente y jefa del comando de campaña en Caracas, Maribel Castillo, aseveró que la no intervención de la MUD incluso ha mejorado la disposición de las personas a participar en la defensa del voto. “La MUD se ha manejado como una rosca, los 5 o 6 partidos que manejan los recursos se reparten los testigos. En Caracas hay zonas de alto riesgo y nos las daban (a Avanzada Progresista) como castigo por no ser un partido de élite. Esa maquinaria la tengo completa porque históricamente la he manejado; estamos haciendo comandos alrededor de los centros electorales y eso nunca se logró con la MUD”, aseguró.
Tanto Castillo como Ríos aseguraron que hay dirigentes de base de partidos de la MUD que se incorporaron al comando, por estar en desacuerdo con el llamado a no participar de sus organizaciones. En algunas web se asoma la posibilidad de que el excandidato presidencial Henrique Capriles respalde a Falcón, quien coordinó una de las campañas presidenciales del exgobernador de Miranda. Hasta ahora Capriles no se ha pronunciado sobre el tema.
“Queda esa amistad, de la experiencia cuando fue jefe de campaña de Capriles. Mucha gente de PJ y otras organizaciones aportan ideas y quieren salir de esto también por la vía electoral. Nosotros mantenemos las conversaciones con todas las toldas políticas”, indicó Castillo.
El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, señaló que cerca de 60% de las personas que se identifican como opositores son reacias a votar, mientras que alrededor de 90% de los electores chavistas señalan que participarán a las elecciones. Castillo asevera que la realidad es otra. “Ese problema de la abstención se está dando en la clase media alta. En los barrios la gente es más participativa. Los mismos chavistas descontentos nos dicen que van a salir a votar”.
Acuerdo electoral se cumple a medias. Los 11 puntos del acuerdo de garantías electorales firmado entre Falcón y Nicolás Maduro el 1° de marzo se han cumplido a medias. El pasado 12 de abril la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la creación de una “comisión de alto nivel” para hacer seguimiento. “Estamos cumpliendo con las garantías acordadas”, aseveró.
Los integrantes del comando de Falcón difieren. Reconocen que se hicieron efectivos aspectos como la creación de la comisión de alto nivel, la comisión paritaria que solicitó a la Organizaciónde las Naciones Unidas que enviara una misión de observación —invitación que el organismo declinó— así como la restauración de los centros electorales que fueron cerrados de manera arbitraria por el CNE, afectando a miles de votantes.
Cuestionan, sin embargo, otros aspectos, como el desequilibrio de los medios de comunicación en la difusión de las propuestas de los candidatos y la utilización de recursos públicos para apoyar al candidato oficialista a la reelección. “El uso de cadenas de radio y televisión también es una violación al acuerdo”, expresó Ríos.
El gobierno
Eliminar contendores y usar prebendas sociales se repite como fórmula
Días antes de levantarse de la mesa de negociación en República Dominicana, el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la asamblea nacional constituyente, dictaminó la ilegalización de la Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. En 2010 había 325 partidos de todas las tendencias; en 2015 ese número se ubicaba en 185 y en 2016 bajó a 67. Al día de hoy solo hay partidos 11 oficialistas, 5 de oposición (MAS, Copei, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática); un disidente oficialista (Unidad Política Popular 98) y uno religioso (Nuvipa).
En paralelo, el partido oficialista Nuevo Camino Revolucionario “cedió” su tarjeta al gobierno para dar paso al Movimiento Somos Venezuela, el cual se registró como partido el 7 de febrero, en cuestión de horas. Su objetivo es capitalizar votos de beneficiarios del carnet de la patria que no son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y darle a los chavistas descontentos con el PSUV y a los militantes de los partidos aliados una tarjeta más potable para votar.
Según la Encovi 2018, en 75% de los hogares venezolanos al menos un integrante tiene el carnet de la patria. Según Diosdado Cabello, 4,9 millones de personas habían sacado el carnet del PSUV desde que comenzó el proceso para obtener el documento hasta el 7 de abril. La meta que se han propuesto es llegar a 5 millones de carnetizados antes del 20 de mayo. A captar el número de votantes que supone la diferencia entre ambas cifras apunta Somos Venezuela.
Por otro lado, el 9 de marzo, el CNE convocó al movimiento del empresario y periodista Leocenis García, Prociudadanos, para que recoja sus firmas y acuda a legalizarse. Prociudadanos no tiene candidato en esta elección. García ha propuesto el diferimiento de la votación para julio. 10 diputados principales de la MUD se han pasado a sus filas desde noviembre de 2017. Mientras tanto otros movimientos como Vente Venezuela, Alternativa Uno y Marea Socialista llevan varios años esperando ser legalizados.
La multiplicación del carnet. Con 55 años de edad, un pasado como dirigente sindical del Metro de Caracas y una larga trayectoria política que incluye su paso por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y el Movimiento V República, y responsabilidades como parlamentario, canciller y vicepresidente, Nicolás Maduro aplica una estrategia de campaña para la reelección que no dista en gran medida de la aplicada durante años por el chavismo: por un lado, ofrecer beneficios sociales a cambio de votos y por el otro amenazar con un panorama de temibles consecuencias (caos, guerra, fin de las misiones) si la oposición se impone.
A lo anterior se suma el uso del carnet de la patria como mecanismo de pre y post censo de votantes, probado en 2017. La comisión de Familia de la Asamblea Nacional denunció el año pasado que la estrategia del gobierno es que cada vez más personas requieran y obtengan el documento para luego condicionar los beneficios al apoyo electoral. El acceso a las viviendas, a las bolsas de comida, a las medicinas, a las pensiones, a las becas para embarazadas y a los bonos casi mensuales está condicionado a tener el documento. Este mes Maduro extendió el uso del carnet al sector militar para obtener viviendas, créditos, estudios y carros.
El profesor del IESA, Michel Penfold, expresó en un foro el mes pasado que “la probabilidad de que una persona chavista salga a votar por el Gobierno es de 95 % y la probabilidad de que un opositor con carnet de la patria vote por Maduro es de 31 %”.
Entre 1×1 y rifas. Según sostiene Cabello, los 5 millones de personas que portarán el carnet del PSUV tendrán la obligación, el 20-M, de votar por Maduro y llevar a votar a otra persona, con el fin de lograr la ansiada meta pesuvista de los 10 millones de votos a favor del candidato a la reelección.
Pero eso no es lo único que está haciendo el PSUV. El 12 de marzo, Cabello anunció que también realizan una “caracterización sociopolítica” de los venezolanos casa por casa. “Ya tenemos 9.006 UBCh (Unidades de batalla Bolívar Chávez) con el registro territorial. El registro territorial es el espacio donde cada UBCh participa. Se han registrado 28.959 comunidades para un promedio de 3,2 comunidades por cada UBCh y 25 comunidades por parroquia. Las UBCh que ya registraron sus comunidades, deben pasar a la segunda fase: el registro de las calles de cada comunidad, con la caracterización de cada calle. Y luego, los que hayan cumplido la segunda fase, deben pasar a la tercera fase que es el despliegue calle por calle y casa por casa para la caracterización sociopolítica de cada una de las personas que viven allí”, dijo Cabello.
A diferencia de otros años cuando el partido pedía a su militancia “un día de salario por la revolución”, este año piden un “aporte militante” que no impone una donación mínima pero implica el reconocimiento de la crisis económica. En Caracas han organizado rifas (dos carros, una moto, una lavadora, una laptop y una cocina) y en 300 puntos rojos en todo el país venden los “raspaítos de Chávez”.
Cuatro más en la contienda
Javier Bertucci. Dirigió la Iglesia cristiana Maranatha Venezuela, congregación que declara tener más de 16.000 miembros y que, a través de la asociación civil sin fines de lucro El Evangelio Cambia, de la cual Bertucci es fundador, realiza labor social y evangelista, según su página web. Una de las principales ofertas del candidato es la apertura de un canal humanitario para solventar la crisis de salud. Bertucci es parte de la junta directiva de al menos tres empresas dedicadas al área de la construcción y venta de bienes y servicios. Su nombre surgió durante las investigaciones de los Panamá Papers.
Reinaldo Quijada. Este ingeniero de 58 años de edad, que se inscribió ante el CNE apoyado por Unidad Política Popular 89, se autodenomina defensor del proceso revolucionario, pero detractor del presidente Nicolás Maduro. Su programa de gobierno se titula “La vía para salir de la crisis”. En el CNE manifestó: “Desde el gobierno han venido señalando que nosotros somos un partido de oposición. Ciertamente somos oposición al gobierno del presidente Maduro, ciertamente somos oposición al PSUV, pero no somos oposición al proceso revolucionario”.
Luis Alejandro Ratti. Nativo del estado Aragua, militó en la juventud del MAS y actualmente es propietario de un modesto negocio de juguetería, papelería y artículos de oficina en un reconocido centro comercial de Maracay. En 2008 fue acusado y detenido junto con su esposa por presunta estafa. Presidió el Frente Nacional Hugo Chávez y hoy recorre Venezuela escoltado por funcionarios del Sebin, en una campaña electoral que ha denominado “Reto de valientes”. Próximo a cumplir 40 años de edad, Ratti es el candidato presidencial más joven en una contienda electoral cuestionada.
Francisco Visconti. General retirado de la aviación y uno de los militares que participó en la intentona golpista del 4-F. Luego del fracaso en 1992 huyó a Perú y pidió asilo político al gobierno de Alberto Fujimori, solicitud que fue concedida. Visconti regresó a Venezuela en mayo de 1994. El día de su inscripción aseguró que es el representante del “ideario bolivariano” y del sentir del pueblo venezolano para un nuevo período presidencial. Inscribió su candidatura apoyado por el Frente Amplio Nacional Bolivariano.
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