La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que alrededor de 7.000 colombianos que trabajan en minas de oro en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en Venezuela, están en riesgo de ser deportados en el «mayor éxodo de los últimos tiempos».
Carlos Camargo, defensor del pueblo, instó a entidades gubernamentales a crear un plan «de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela”, según un comunicado.
El posible éxodo sería de los colombianos que trabajan en las minas de extracción aurífera de Yapacana, ubicadas en el estado de Amazonas, donde hay presencia de varios grupos armados. Por lo que en sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales, indicó.
Los mineros colombianos y sus familias quedan también expuestos en las operaciones que las fuerzas de seguridad venezolanas están realizando en las últimas semanas contra la minería ilegal.
Una alerta temprana
La Defensoría emitió una alerta temprana en la que advierte no solo los peligros para la población civil por confrontaciones armadas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquia venezolana.
La información agregó que los principales centros de recepción de los 7.000 colombianos estarían en los corregimientos fronterizos con Venezuela de Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe. Pero no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes.
De ser así, advirtió la institución, Colombia estará frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
«Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que se les garantice el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan quedar detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana», insistió Camargo.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y Amazonas. Y pidió que se abran consulados en San Fernando Atapabo y Puerto Ayacucho.
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