La Plataforma Unitaria Democrática rechazó el domingo la persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra Juan Carlos Delpino, luego de que la Asamblea Nacional de mayoría chavista lo destituyera como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) e instara al Ministerio Público a iniciar una averiguación penal para determinar las responsabilidades penales en su contra.
«Desde la Plataforma Unitaria Democrática rechazamos la persecución que el régimen ha emprendido en contra del rector del CNE Juan Carlos Delpino por no haberse hecho cómplice del fraude perpetrado en contra de la soberanía popular expresada mediante el voto el pasado 28 de julio», indicó un comunicado emitido por la organización en redes sociales.
La semana pasada, los parlamentarios declararon la presunta responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos Delpino, basándose en el artículo 222 de la Constitución, después de que denunció irregularidades en las presidenciales del 28 de julio.
Tras su destitución, se designó al rector suplente Conrado Pérez Briceño para sustituirlo y a la rectora suplente Aura Hernández como suplente incorporada ante el CNE, siguiendo el orden de la lista aprobada en 2022.
«Venezuela reclama un árbitro electoral independiente apegado al mandato constitucional», añadió la Plataforma Unitaria Democrática.
El Legislativo también anunció que pedirá a la Fiscalía la apertura de una averiguación penal contra el hoy exrector electoral —quien se encuentra fuera del país— por supuesta corrupción, traición a la patria, asociación para delinquir, complicidad con potencias extranjeras y complicidad en los homicidios cometidos en el contexto de protestas poselectorales, cifrados en 27 por las autoridades.
¿Qué leyes se violaron con la destitución de Juan Carlos Delpino?
La ONG Acceso a la Justicia explicó que con la destitución de Juan Carlos Delpino como rector del CNE se violó el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que exige un pronunciamiento previo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la remoción de los rectores del CNE.
Además, la Asamblea no se ciñó a los supuestos legales establecidos en el artículo 32 de la LOPE para la remoción de rectores.
La organización destacó que esta situación diluye una vez más el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 136 de la Constitución, y un poder se impone sobre otro, debilitando el Estado constitucional de derecho y dejando sin garantías al afectado.