Dos abogados locales pidieron una investigación penal para determinar las circunstancias de la muerte, el pasado febrero, de un niño venezolano que migraba junto con su madre en una embarcación a Trinidad y Tobago, fallecido tras recibir varios tiros.
Los letrados Christon Williams y Siddiq Manzano demandan una investigación penal por la muerte a causa de disparos de Yaelvis Sarabia Santoyo, el niño venezolano de 1 año de edad que presuntamente falleció a causa de varios tiros por parte de miembros de la Guardia Costera cuando su madre trataba de entrar de forma ilegal al país caribeño.
Williams y Manzano también quieren que se investigue si hubo manipulación de testigos o pruebas y cualquier intento de pervertir el curso de la justicia, después de que 29 personas que se encontraban a bordo, testigos del incidente del 5 de febrero de 2022, fueran repatriadas a Venezuela poco después del suceso.
En una carta al director de la Fiscalía, Roger Gaspard, copia de la cual fue obtenida por Efe, los abogados señalan que «la deportación de los testigos por parte de los servidores del Ministerio de Seguridad Nacional y del oficial jefe de Inmigración, alude a mala conducta en un cargo público y puede ser evidencia de interferencia intencional con una investigación criminal».
La carta indica que cinco días después de la muerte del menorde edad, los abogados escribieron al Ministerio de Seguridad Nacional, al oficial jefe de Inmigración y las Fuerzas de Defensa solicitando que los restantes ocupantes de la embarcación obtuvieran permisos que les permitiera permanecer en Trinidad y Tobago.
Los abogados volvieron a dirigirse al Ministerio de Seguridad Nacional poco después solicitando información sobre el estado de los migrantes, momento en el que se les comunicó que todos habían sido deportados.
Al dirigirse al Estado Mayor de la Defensa solicitando datos del suceso, la respuesta fue que no se enviaría la documentación solicitada en virtud de la sección 25 de la Ley de Libertad de Información.
No se ha dado ninguna otra respuesta por parte de las autoridades hasta la fecha, según la carta de los abogados.
Los letrados sostienen que, según la información de que disponen, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago no han realizado ninguna investigación sobre el incidente.
La Guardia Costera argumenta que sus unidades patrullaban cuando detectaron la embarcación con el menor de edad a bordo, desde la cual se habría, supuestamente, tratado de embestir la lancha de las fuerzas de seguridad de Trinidad y Tobago.
Ello habría provocado que la Guardia Costera abriera fuego después de ordenar al capitán del bote que cambiara de rumbo.
La Guardia Costera justifica que sus miembros solo se dieron cuenta de que había varios migrantes escondidos a bordo después de efectuar los disparos, varios de los cuales alcanzaron al niño en la cabeza.
El gobierno de Venezuela ha pedido a Trinidad y Tobago que realice una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte del niño.