La Fiscalía y la querella coinciden: quieren que Irineo Humberto Garzón Martínez esté preso por haber premeditado violar a una joven venezolana que el sábado 23 de enero fue a su local de venta de uniformes por una oferta de trabajo, ocasión que aprovechó para drogarla y poder abusar sexualmente de ella.
Los abogados de la joven de 18 años de edad que fue drogada y abusada sexualmente durante su primer día de trabajo en el local de Balvanera pedirán a la Justicia que detenga nuevamente a Garzón Martínez. Además, reclamarán que se refuerce la seguridad de la víctima, dado que el presunto abusador sigue libre.
Para reforzar esa petición se convocó a una concentración, este jueves en la mañana, en la puerta del local de Paso 693, donde ocurrió la vejación. Mientras, se espera que la Justicia reciba el resultado de los peritajes realizados para determinar qué tipo de sustancia fue usada para doblegar la voluntad de la chica y someterla al ultraje.
La fiscal Silvana Russi ya apeló la decisión de la jueza Karina Zucconi, que el lunes le otorgó a Garzón Martínez la excarcelación bajo juramento en la causa 3075/2021, caratulada como abuso sexual con acceso carnal, al considerar que el hombre, que carece de antecedentes penales, no intentará eludir la acción de la Justicia ni entorpecer el proceso.
Pablo Baqué, abogado de la joven, explicó a La Nación: «Creo que la Fiscalía coincide con nosotros en que hay que revocar la excarcelación; nosotros hemos constatado las lesiones que tiene la víctima y es un abuso con acceso carnal».
«De alguna manera la jueza Zucconi entendió que no había riesgos procesales para dar una excarcelación inmediata, pero nosotros creemos que sí existen esos riesgos, como por ejemplo la fuga, porque el hecho ya está consumado», manifestó a la prensa en la puerta del lugar donde ocurrió el hecho.
La representación legal de la joven pedirá como medida anticipatoria una consigna policial, dado que el acusado posee toda la información personal de la víctima. «Ella está lastimada y escondida porque tiene miedo, pues este hombre está suelto y tiene su currículum con sus datos, los teléfonos y su dirección. Es de locos que la víctima se tenga que esconder y que el violador ande suelto», afirmó Baqué.
Acerca de los peritajes, el abogado sostuvo: «Lo único que se hizo fue un informe de un médico forense, pero aún no están los estudios pedidos por la jueza. Hay un estudio preliminar que constató las lesiones que tiene». Desde la querella aseguran que la joven tiene lesiones graves que le dejarán secuelas y otras más leves de las que se está recuperando, como mordidas y golpes.
«Está muy mal. Aunque por suerte no recuerda la violación, ella sabe lo que le pasó. Tuvo a su victimario de frente, colocándole la ropa, y eso ya es un trauma. Tiene días que no come, ya no es la misma», le dijo a La Nación la madre de la joven venezolana.
En redes sociales circularon capturas de pantalla de una publicación, que sería del acusado, sobre una oferta de trabajo para una vendedora en un local. «El hombre utiliza un nombre distinto para contactar a la gente. Trascendieron unos chats donde dice ser Santiago Martínez. Su verdadero nombre es Irineo Humberto Garzón Martínez. Garzón es la marca del negocio, que no sabemos si le pertenece a él o al padre. Es un hombre grande de más de 40 años», dijo Baqué.
El abogado aseguró no fue la primera vez que Garzón publicó ofertas de trabajo entre grupos de chats de ciudadanos venezolanos. «Nos contactó una chica que está dispuesta a dar testimonio, pero a la que todavía no pudimos entrevistar, que le pasó algo similar, aunque no tan grave. También la contactaron para trabajar y se sintió intimidada en la entrevista de trabajo», contó Baqué. Y concluyó: «Seguramente, con el correr de los días, y cuando podamos ver el expediente, vamos a saber más».
El hecho se produjo el sábado, cuando la denunciante fue citada para una entrevista laboral que había coordinado el día anterior a través de Facebook. Aparentemente, el acusado le pidió cenar ese día para poder hablar sobre el trabajo, propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente acordó presentarse el sábado por la mañana en el local de la calle Paso. La joven contó que durante la jornada de trabajo el acusado le ofreció varias veces un vaso de refresco o de jugo, y finalmente aceptó tomar algo cerca del mediodía.
Tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre, y luego llamó a su hermana.
La mujer enseguida denunció el hecho, por lo que personal policial acudió al lugar y encontró el local con las puertas cerradas y la persiana baja. Tras llamar varias veces, la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio, con el torso semidesnudo y supuestamente bajo los efectos de psicotrópicos.
Garzón Martínez intentó escapar, pero fue detenido por personal policial que encontró en el lugar, entre otras cosas, un blíster con pastillas.
La familia de la joven convocó a una marcha para exigir justicia y pedir la detención del agresor. Se viralizó en las redes sociales un mensaje de Thais Campos, madre de la víctima, convocando a la marcha: «Soy la mamá de la chica violada, este es un llamado para una marcha pacífica este jueves a la 10:30 am en Paso y Viamonte».
Contrapunto judicial
El hombre fue detenido el mismo sábado en la tarde. El Ministerio Público informó en su portal institucional que su defensa solicitó de inmediato su excarcelación. Resaltaron que no había registro de condenas anteriores y que el acusado posee un domicilio fijo.
La jueza Zucconi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15, resolvió que, si bien la escala penal prevista para el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal no permitiría su excarcelación, «la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad».
«No hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia, ni que su detención se erija como necesaria para neutralizar el entorpecimiento del trámite del proceso», consideró la jueza.
Indicó que el acusado se había identificado correctamente y que no posee antecedentes, por lo que ordenó su excarcelación bajo ciertos parámetros: se le fijó una prohibición de comunicarse por cualquier medio con la denunciante, así como tampoco podrá acercarse a ella o a su domicilio en un radio de 100 metros. Además, se le impuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado (aunque sea de modo virtual).
La fiscal Russi, que ya se había manifestado en contra de la excarcelación, presentó su apelación ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Consideró que las medidas de coerción impuestas por la jueza no resultaban a su criterio «suficientes para prevenir el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que se vislumbran en el caso», en virtud de la gravedad del hecho y la severa penal en expectativa que le corresponde.
Información que publicó fiscales.gob.ar destacó que «en esa línea, recordó que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que excede ampliamente los 8 años de prisión y que el mínimo previsto impide que una eventual sanción pudiera ser dejada en suspenso».
La representante del Ministerio Público consideró que el hombre premeditó el ataque sexual, ya que tenía en el comercio la medicación sedante que le dio a la joven para dejarla en un estado de indefensión. Destacó la solidez de las pruebas reunidas hasta este momento.
Contrariamente a la opinión de la jueza, Russi remarcó que existen indicios que permiten presumir un eventual peligro de fuga. Entre ellos, detalló la actitud que tuvo cuando llegó la policía y que además no fue veraz en el momento de aportar su domicilio. Es que Garzón Martínez dio una dirección y luego su propia hermana desmintió, ya que dijo que no vivía junto a ella sino en otro lugar.
La Fiscalía recordó que, estando en libertad, el acusado podría entorpecer la investigación, ya que quedan por realizar medidas probatorias importantes, como la evaluación psicológica de la joven y el análisis de distintos elementos secuestrados.
Por eso, cuestionó que las medidas de coerción impuestas resultan insuficientes para sopesar los peligros procesales que se ciernen sobre el caso: «La restricción de la libertad no luce desproporcionada si se tiene en cuenta la gravedad del hecho que se le imputa, su modalidad de ejecución, su pena en expectativa y el estado de la investigación».
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