La ONG Fundación de Derechos Humanos de los Llanos exigió este lunes a la Fiscalía que haga una investigación exhaustiva del posible asesinato de cinco personas durante los combates en la frontera entre militares y un grupo que la asociación identifica como disidentes de las FARC.
«Exigimos una investigación exhaustiva al fiscal general de la República (Tarek William Saab) ante los hechos que se registraron el jueves 25 de marzo. Asimismo solicitamos que las autoridades competentes fijen posición ante los últimos acontecimientos que se suscitaron en el estado Apure», dice un comunicado de la ONG.
Como consecuencia de los combates con el grupo armado, que las Fuerzas Armadas no han identificado, dos militares venezolanos murieron, 6 supuestos terroristas fueron «neutralizados» y otros 27 sospechosos fueron capturados y puestos a las órdenes de un tribunal militar, de acuerdo con el último balance oficial.
No obstante, la fundación denuncia que el 25 de marzo «fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de la FAES», grupo élite de la Policía venezolana cuya disolución pidió la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
Esas cinco personas, dice la ONG, residían en un caserío conocido como El Ripial, en el municipio Páez del estado Apure, y «fueron sacadas junto a otras personas, los funcionarios alegaron que eran guerrilleros».
La organización denunció también «las violaciones ocurridas ante la comunidad internacional el sistema Interamericano, (la) Cruz Roja Internacional, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y en el orden interno a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Protección a la Mujer a una vida libre de violencia y la Fiscalía de protección del niño, niña y Adolescente».
Horas más tarde, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, escribió a través de su cuenta en Twitter para señalar que los combaten continúan en la frontera y que los grupos irregulares colombianos están atacando a los militares venezolanos con armas largas y explosivos, pero no hizo referencia a la denuncia de la ONG.
«Continúan infundiendo terror en la población y creen que hostigando bases militares nos van amedrentar», dijo el ministro, que calificó a estos grupos como cobardes y «mercenarios camaleónicos desalmados».
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