Una decena de venezolanos exigió este jueves a la Defensoría del Pueblo que investigue las razones por las que la Fiscalía no ha imputado a nadie por los más de 100 intentos de ocupaciones que, según sus datos, ha habido en Caracas desde el año pasado
Denunciaron también la «falta de acción» de la Defensoría del Pueblo ante la «oleada de ocupaciones que azota», según ellos, a la ciudad», según reza en un comunicado emitido por el Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria.
El coordinador del frente, Carlos Julio Rojas, acusó a la Defensoría del Pueblo no ofrecer protección «a los propietarios de inmuebles invadidos».
«Recordemos que la propiedad privada es un derecho humano y la Defensoría debe velar para que sea respetado, recordando cómo en la ejecución de las ocupaciones ilegales participan desde colectivos armados identificados con el PSUV hasta incluso, por ejemplo, los diputados de la Asamblea Nacional chavista Rigel Sergent y Carmen Zerpa”, dijo.
Los colectivos son grupos de civiles frecuentemente armados que actúan con violencia contra políticos de oposición y periodistas, aseguran actuar en defensa de la revolución bolivariana y son calificados como paramilitares o parapolicías por los antichavistas y diversas ONG.
El pasado diciembre, Frente en Defensa del Norte de Caracas denunció que, durante 2021, se registraron 91 intentos de ocupación en viviendas en la ciudad.
«En el 20 % de los casos, en la invasión hay participación de funcionarios policiales, como ocurrió hace semanas en el edificio Roblote en El Paraíso, sin contar el apoyo directo de altos personeros de la dictadura como la exalcaldesa Erika Farías, que apoyó sin pudor a los llamados colectivos armados durante las tomas ilegales», afirmó entonces el coordinador del frente.
Rojas recordó que el delito de ocupación tiene penas de hasta diez años de cárcel, «pero la negligencia de la Fiscalía le ha dado libertad a estos delincuentes para invadir propiedades sin pudor alguno».
«Si queda algo de equilibrio de poderes, el defensor debe conformar una comisión la cual interceda ante el mismísimo fiscal general Tarek William Saab y haga cumplir la constitución», reclamó el activista.
Orlando Zamora, comerciante en el centro de Caracas, afirmó que el inmueble en el que está su local está abandonado y lleno de ocupantes «que pretenden apropiarse de oficinas de personas que están fuera del país o que han fallecido, para hacer cualquier tipo de negociación fraudulenta” comentó el comerciante.
«En enero y en diciembre sufrimos varios intentos de invasiones (ocupaciones) donde forzaron varias cerraduras», dijo el vendedor.
Por su parte, Carmen Betancourt, quien perdió su local en un edificio de oficinas en el oeste de Caracas, aseveró que «los mismos colectivos que la invadieron en 2019 declararon que estaban apoyados por la entonces alcaldesa de Caracas, Erika Farías».
«Por más que nosotros hablamos, denunciamos y dialogamos, nos sacaron para afuera. Yo trabajaba allí dando clases de costura. Esto me ha afectado muchísimo porque yo soy una persona viuda, no tengo ningún recurso y lo que recibo de la pensión es un dólar y tanto, eso no alcanza para nada”, expresó.
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