El Estado venezolano mantiene una política sistemática que obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, denunció la organización Espacio Público en su más reciente informe.
La organización señaló que en 2021 realizaron 105 peticiones de información: 61 fueron recibidas en físico, 6 en línea y 38 no fueron aceptadas por motivos injustificados que violan el derecho de acceso a la información.
Denunció que al menos desde el año 2016 han registrado prácticas regulares de opacidad en lo que respecta al derecho a la información. La ONG explicó que las instituciones del Estado no responden las peticiones: en 2021 95.5% de las entregadas no obtuvieron respuesta. De las 67 solicitudes de información en físico y en línea que entregaron, 64 de estas y 29 insistencias no obtuvieron respuesta y 3 fueron respondidas de forma inadecuada.
Entre los motivos para no responder a las solicitudes destacan:
- La falta de personal para recibir la solicitud de información
- Instituciones cerradas en semanas radicales o flexibles.
- Práctica constante de no recibir ninguna petición por parte de la organización.
- Solicitud de formalismos innecesarios: cambio del responsable del cargo, documento sin el sello de la organización, firmas ilegibles, la firma de una sola persona como representante de la organización o comunidad.
- Las preguntas realizadas deben tener la motivación explícita para ser recibidas, se exige explicar el porqué y para qué se requiere la información pública.
- Los organismos argumentan que no poseen la información solicitada, a pesar de tratarse de los organismos responsables.
- El traslado de la sede, en desarrollo o ejecutado; en algunos casos no ofrecen información de la nueva ubicación.
Una acción adicional para solicitar información pública es a través de las insistencias, un recurso administrativo de reconsideración que se traduce en volver a entregar ante el/la funcionario/a las preguntas hechas en las solicitudes, cuando omiten dar respuesta en el plazo establecido por la ley.
En el contexto de la pandemia, en el país también persiste el déficit en la prestación de servicios básicos como el acceso a la electricidad, el agua potable, aseo urbano, y otros sectores como el servicio de telecomunicaciones, los derivados del petróleo, gestión de las ciudades, políticas monetarias, de salud, etc. responsabilidad del Estado. Ante estas fallas, la organización tampoco ha obtenido respuesta de los entes gubernamentales cuando han solicitado información.
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