En su Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés, la organización Human Rights Watch (HRW) expuso en su capítulo sobre Venezuela la violación sistemática de los derechos humanos en el país por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El documento destacó que en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Además, desde 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han cometido este tipo de delitos en el país como parte de una política estatal de represión.
HRW señaló que las investigaciones han revelado que autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión. Asimismo, persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Entre los problemas que persisten en el país se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes, alerta HRW.
Persecución, detención y tortura
El informe de HRW señala que hasta el mes de octubre de 2022 había 245 presos políticos en el país, según datos de la ONG Foro Penal.
Aproximadamente 875 de los 15.770 civiles que fueron detenidos en forma arbitraria entre 2014 y junio de 2022 han sido procesados en tribunales militares. Y si bien algunos han sido liberados o transferidos de establecimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a cárceles comunes, nuevos críticos al gobierno de Maduro siguen siendo detenidos de forma arbitraria.
Fuentes oficiales consultadas por el Acnudh señalaron que el Ministerio Público registró 235 denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaron privación de la libertad entre mayo de 2021 y abril de 2022, incluidas 20 de cargos relacionados con terrorismo.
En septiembre, la Misión de la ONU informó que los delitos perpetrados por los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro, formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno.
«Agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y otras unidades policiales y militares han asesinado y torturado con impunidad en zonas de bajos recursos, incluso durante redadas de seguridad», alerta el documento.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad invocaron resistencia a la autoridad en más de 19.000 asesinatos, sin embargo, las pruebas indican que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto a la impunidad judicial, el informe dice que este poder en Venezuela dejó de funcionar como poder independiente del Estado en el año 2004. «No se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de autoridades de alto nivel», agrega.
Libertad de expresión y defensores de derechos humanos
«Las autoridades han estigmatizado, hostigado y reprimido a medios de comunicación, clausurando medios disidentes. La autocensura es generalizada debido al temor a represalias», alerta HRW.
El documento indicó que en febrero, proveedores de servicios de Internet bloquearon los sitios web de medios como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y El Nacional.
También advierten que las autoridades venezolanas hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que responden a la emergencia humanitaria y de derechos humanos.
Indígenas, comunidad LGBTIQ+ y discapacitados
«Las autoridades no han protegido a las poblaciones indígenas frente a la violencia, el trabajo forzado y la explotación sexual», resalta el documento.
Human Rights Watch ha documentado abusos aberrantes que incluyen amputaciones, agresiones armadas y asesinatos perpetrados por grupos que controlan las minas ilegales de oro en el sur de Venezuela, y que operan con la aquiescencia del gobierno
La organización expone que no existen en Venezuela leyes civiles integrales que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ni tampoco protecciones legales para las parejas del mismo sexo.
En mayo, el Comité sobre las Personas con Discapacidad concluyó que no existe ninguna ley ni mecanismo para combatir y sancionar la discriminación contra las personas con discapacidad y que el modelo educativo no es inclusivo.
Crisis humanitaria
La organización HumVenezuela señaló en marzo de 2022 que la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y que hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica.
Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer.
El colapso del sistema de salud de Venezuela ha favorecido que aumenten las enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que podrían prevenirse con vacunas. Además, los obstáculos a la realización de trasplantes han provocando cientos de muertes.
Hasta marzo de 2022, aproximadamente 8,4 millones de personas enfermas tenían dificultades para recibir atención médica, y más de 9 millones de personas que necesitaban medicamentos e insumos de salud eran inaccesibles.
El acceso al agua potable y al saneamiento se redujo de 2021 a 2022, según informó HumVenezuela, y expuso a cerca de 4,4 millones de personas a una necesidad acuciante de agua potable y a 1,3 millones a una necesidad urgente de servicios sanitarios básicos.
La crisis de refugiados
Aproximadamente 7,1 millones de venezolanos han huido de Venezuela desde 2014, según lo indica la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
«Si bien muchos gobiernos de países vecinos acogieron a los ciudadanos venezolanos, miles quedaron varados en condiciones inadecuadas o sin posibilidad de obtener el estatus de refugiados u otro tipo de protección legal debido a que no existe una estrategia regional coordinada, lo cual obligó a esas personas a dirigirse al norte. Persiste una situación grave de xenofobia», advierte el informe.
HRW señala que debido a las restricciones de visados que impiden a los venezolanos tomar vuelos a México y países de América Central, en 2022 aumentó de forma significativa el número de personas que atraviesan el peligroso camino selvático del Tapón del Darién.