VENEZUELA

Perkins Rocha cumple seis meses de injusta prisión

por Avatar EFE

El asesor legal de la principal coalición opositora de Venezuela, Perkins Rocha, cumple este jueves seis meses de injusta prisión, recordó su esposa, María Costanza Cipriani.

A través de X, Cipriani reiteró la denuncia de «incomunicación y aislamiento» al que es sometido su esposo en El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Ningún familiar ni su abogado han podido verlo, se le ha impedido ser evaluado por un médico para verificar su condición médica», alertó la esposa del asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Pese a esto, agregó Cipriani, «no han logrado acallar la verdad y fuerza» de Rocha, quien fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de que se celebraran las presidenciales, en las que la PUD denuncia fraude al considerar que su candidato, Edmundo González Urrutia -exiliado desde septiembre en España-, fue el ganador y no Nicolás Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, junto con los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri -también detenidos-, con la divulgación que hizo la PUD de 85,18% de las actas electorales de las presidenciales, documentos que el oficialismo opina que son falsos.

Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están las actas que la PUD recolectó a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque señala como prueba del reclamado triunfo de González Urrutia.

El CNE no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones del 28 julio, como estableció en su propio cronograma, pese a los numerosos llamados de otros países para aclarar el cuestionado triunfo de Maduro.

Vente Venezuela computa 184 dirigentes opositores y activistas detenidos -gran parte colaboradores de la líder María Corina Machado y González Urrutia-, a quienes califica de presos políticos, mientras que la administración de Maduro y la Fiscalía niegan que hayan arrestados por razones políticas sino que, afirman, cometieron delitos.