Los pensionados venezolanos en el exterior protestarán virtualmente el próximo 23 de julio para exigir al régimen de Nicolás Maduro la cancelación de los pagos paralizados desde hace cuatro años.
«Están pasando una situación terrible por la deuda que tiene el gobierno nacional, violando convenios internacionales suscritos por Venezuela de cancelar pensión en el país donde se encuentra el pensionado», dijo Edgar Silva, coordinador del Comité de Pensionados y Jubilados.
Silva, en una entrevista para Unión Radio, lamentó además que el régimen pague 507.000 bolívares por el llamado bono de guerra económica. Un monto que, según consideró, es insuficiente para cubrir los gastos relacionados con los medicamentos y alimentos.
El Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales mantiene convenios con España, Portugal, Uruguay, Chile, Ecuador e Italia para permitir el cobro de la compensación por años de trabajo a pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentran viviendo en el exterior, señaló El Pitazo.
«Tienen cuatro años sin recibir la pensión, no hay consulados autorizados para pagar, ellos van a cobrar y no pueden sacar su dinero«, expresó Silva.
Aseguró que durante el mandato del presidente fallecido Hugo Chávez lograron una serie de reuniones regulares, pero la situación cambió cuando llegó Nicolás Maduro al poder.
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