Una veintena de personas solicitaron este martes a la ONU que intervenga ante la «situación crítica» que aseguran estar viviendo en Venezuela los pensionados, quienes exigen al gobierno un aumento de su pensión -hoy en 3,5 dólares mensuales-, para que alcance para cubrir «necesidades básicas alimentarias, de salud y de recreación».
A las afueras de la sede del organismo internacional en Caracas, el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos, Pedro García, dijo: «Hay un relator de la ONU que tiene que ver con la situación de los adultos mayores (…) queremos que la Naciones Unidas active esa relatoría».
Urimare Capote, integrante del Comité de jubilados de Venezuela, acudió con un grupo de personas ante la ONU porque -dijo- es el órgano internacional que «defiende los derechos humanos», al no obtener respuestas de instancias nacionales como el Ministerio del Trabajo, el Seguro Social, el Parlamento, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
En su opinión, «hay un abandono por parte del Estado», que es el que está «obligado a tener un sistema de seguridad social que cubra las mínimas necesidades de las personas mayores».
«La situación económica, social y humanitaria del sector de la tercera edad en Venezuela es realmente dramática», dijo Capote, quien recordó que hace más de dos años el presidente Nicolás Maduro decretó el último aumento de salario mínimo -referente para la pensión-, que fijó en 130 bolívares, que equivalían entonces a 30 dólares mensuales, reducidos hoy a 3,5 dólares, como consecuencia de la devaluación de la moneda nacional.
Cuestionó la ley aprobada en mayo por el Parlamento que establece un «aporte especial» que deben dar los empresarios -que pagan desde junio- para mejorar las pensiones.
«No hemos recibido ni un medio de ese recurso. ¿Dónde están esos recursos recaudados por el Ejecutivo nacional a través del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria )?», preguntó.
Según el Parlamento, esa ley se creó para «proteger» las pensiones frente a los efectos negativos de las «medidas coercitivas unilaterales» impuestas por Estados Unidos, que el gobierno señala como el factor que impide el incremento salarial.
Adicional al salario, el gobierno otorga un bono de alimentación, equivalente a 40 dólares, y el denominado bono de «guerra económica» por 90 dólares, como parte de una fase de resistencia ante la crisis que -insiste el Ejecutivo- generan las sanciones internacionales.
Al respecto, García afirmó que no cree que las sanciones «sean la causa fundamental de la falta de recursos en Venezuela», mientras que Capote manifestó que no quieren «bonos discrecionales», que -para ella- representan una forma de «control social».
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