Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, informó este martes que el pemón y preso político Salvador Franco murió a causa de tuberculosis y una desnutrición que padecía desde hace meses.
“Según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”, indicó Himiob en su cuenta oficial Twitter.
El miembro de Foro Penal recordó que el cuadro de Franco “empeoró fatalmente por falta de atención médica”.
La ONG denunció el domingo la muerte del preso político de la etnia pemón en la cárcel del Rodeo II, tras no ser atendidas dolencias que presentaba desde hace días.
“Lo dejaron morir ya que nunca fue traslado a un centro de salud, teniendo orden judicial desde el 27 de noviembre”, dijo Alfredo Romero, director de la ONG. “Jamás fue acatada dicha orden”.
Romero recordó que desde hace meses tanto Foro Penal como familiares han “denunciado la situación de 13 indígenas pemones. Presos políticos. Particularmente insistimos en urgente y grave condición de salud de Salvador Franco quien hoy fallece por falta de atención médica”.
En graves condiciones
Salvador Franco era uno de los 13 indígenas de la etnia pemón que fueron detenidos en 2019 por el régimen de Nicolás Maduro, acusados de asaltar un destacamento militar en el estado Bolívar.
El Foro Penal denunció en varias ocasiones que los detenidos se encuentran en graves condiciones en el centro penitenciario Rodeo II, en Miranda. Allí han tenido síntomas de covid-19 y problemas estomacales.
“Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua”, denunció el 30 de octubre la abogada y vocera de Foro Penal, Stefanía Migliorini. La vocera advirtió que en el recinto hay ratas, cucarachas y de comida solo les dan arroz con granos.
Sobre esta situación se hizo eco en junio Amnistía Internacional, que exigió que a los 13 pemones se les garantice un debido proceso.
“Estarían siendo procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo. Esto sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, dijo la organización.