El Partido Comunista de Venezuela (PCV) aseguró este martes que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza las inhabilitaciones administrativas como «un instrumento para neutralizar y anular» a actores políticos de la nación caribeña.
«El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho de la inhabilitación política por vía administrativa un instrumento para neutralizar y anular actores y organizaciones políticas que no están alineadas con sus intereses», denunció el miembro de la directiva del Partido Comunista Yul Jabour, durante una conferencia de prensa.
La formación política consideró que la inhabilitación política «hace un flaco servicio a la democracia», y su práctica «viola los derechos de actores y organizaciones políticas».
Citado en un comunicado, el dirigente indicó que el propio Partido Comunista «ha sido víctima de esa política», pues varios de sus candidatos fueron inhabilitados para participar en procesos electorales anteriores.
Jabuor se refirió a la inhabilitación política impuesta a la opositora María Corina Machado por la Contraloría General, la cual le impide ejercer cargos públicos de elección popular durante 15 años, y aseguró que, en el caso de la exdiputada, es consecuencia de «una conducta permisiva del Gobierno nacional que ha generado impunidad».
A juicio de la organización política Machado debería enfrentar «responsabilidades penales» por llamar a la «intervención extranjera», y no solo una inhabilitación administrativa.
Machado, quien está inscrita para participar en las primarias antichavistas previas a las elecciones presidenciales de 2024, calificó de «inútil» la inhabilitación política y la coalición opositora Plataforma Unitaria, que ha participado en diálogos con el Gobierno de Nicolás Maduro, rechazó también la medida.
La sanción no le impide postularse a las internas por ser una cuestión de partidos, independiente de las instituciones del Estado, pero bloquea sus aspiraciones a la Presidencia, ya que, con una inhabilitación, no se puede inscribir en el Consejo Nacional Electoral (CNE), paso previo indispensable para presentarse a los comicios en los que se elegirá mandatario.
La decisión de la Contraloría General, dada a conocer el pasado viernes por el diputado disidente José Brito, justifica la medida tras una investigación patrimonial en la que -aseguró- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.
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