La Asamblea Nacional acordó este martes 21 de julio un proyecto para rechazar la criminalización por parte del régimen de los migrantes venezolanos retornados.
Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios indicaron que elevarán una denuncia contra el régimen ante la Corte Penal Internacional debido a la segregación y estigmatización de los venezolanos retornados, quienes han sido calificados de bioterroristas por Nicolás Maduro en varias oportunidades.
Indicaron que el régimen con esas declaraciones ratifica su carácter violador de los derechos humanos de los venezolanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Solicitaron a los países de la región receptores de migrantes y refugiados venezolanos evitar la puesta en práctica de políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias, tales como despidos generalizados, acciones de desalojo y prácticas xenofóbicas.
El diputado Marco Quiñones, presidente de la Subcomisión Especial de Atención a Exiliados de la AN, señaló que debido a la pandemia miles de migrantes venezolanos intentan regresar a Venezuela a través de los vuelos humanitarios, pero el régimen se los impide.
Alertó que el régimen desata una campaña de estigmatización al calificar a los connacionales retornados de armas biológicas.
Retornar al país no es un crimen
David Smolansky, comisionado del Secretariado General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, dijo que cualquier ciudadano tiene derecho a regresar a su país de origen.
Denunció que en Venezuela este derecho está siendo vulnerado y desconocido por el oficialismo.
Afirmó que esos ciudadanos venezolanos están hacinados en albergues en los estados fronterizos Apure, Bolívar y Táchira, donde no se cumple ningún protocolo de distanciamiento social y no les garantizan las tres comidas diarias.
También denunció la extorsión que cometen los funcionarios de la GNB, quienes cobran en pesos colombianos o en dólares a los retornados para trasladarlos a otras ciudades del país.
«Esto es consecuencia de una política sistemática y generalizada por parte del régimen de Nicolás Maduro de estigmatizar y criminalizar al categorizar a los venezolanos que quieren regresar a Venezuela como bioterroristas», indicó Smolansky.
Responsabilizó de integridad de estas personas a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Remigio Ceballos, Freddy Bernal y Lisando Cabello. Este último propuso que los migrantes deberían pasar la cuarentena dentro de celdas.
Recordó que Bernal, dirigente político en Táchira designado por el régimen, estableció que se marcarían las casas para señalar a quienes presuntamente violen los controles dispuestos para restringir el paso de los connacionales.
«Estas aseveraciones pueden acelerar genocidios o empezar genocidios. No podemos normalizar la criminalización ni estigmatización de los venezolanos que regresan al país, porque eso es un derecho y más aún cuando lo hacen en tiempo de pandemia», agregó.
Smolansly precisó que hay más de 1.000 venezolanos varados en Estados Unidos, 700 en España, 600 en Chile, 500 entre Panamá y Costa Rica y 50 en México.
Afirmó que los conciudadanos retornados y quienes no han podido regresar son víctimas de tratos crueles y degradantes que afectan su integridad física, emocional y psicológica.