La intensificación de la represión hacia María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria de la oposición democrática, ha generado la condena y la preocupación de países de la región y del mundo. Las detenciones contra miembros de su organización política Vente Venezuela y de su comando de campaña tensaron más el clima político del país: se acerca una elección presidencial que ya da luces de que no contará con las garantías democráticas, mientras la comunidad internacional, incluso algunos gobiernos alineados con el chavismo, abogan por el cumplimiento del Acuerdo de Barbados.
Uno de los primeros países que se manifestó en rechazo a esta persecución fue Estados Unidos. Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, afirmó que los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son «totalmente inconsistentes» con los compromisos del Acuerdo de Barbados. Aun así, enfatizó que las acciones del régimen chavista no sofocarán las aspiraciones democráticas de los venezolanos.
«Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente», manifestó Nichols en la red social X.
Siete detenidos, siete órdenes de captura
Hasta la fecha, siete miembros del equipo de María Corina Machado están detenidos: Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes del comando de campaña de la exparlamentaria en los estados Yaracuy, La Guaira y Trujillo; Emill Brandt Ulloa, encargado del partido Vente Venezuela en Barinas; Joe Villamizar, coordinador de Vente Venezuela del municipio Girardot del estado Aragua; Henry Alviarez y Dignora Hernández, coordinador nacional de organización y secretaria política nacional del movimiento político, respectivamente.
Además, hay siete órdenes de arresto activas contra Magalli Meda, jefa nacional del comando de campaña; Pedro Urruchurtu, coordinador de la Central de Relaciones Internacionales; Omar González, jefe del comando de campaña en Anzoátegui; Humberto Villalobos, coordinador de la Central Electoral; Claudia Macero, coordinadora de la Central de Comunicaciones; Fernando Martínez Mottola, miembro y asesor de la Plataforma Unitaria, y Oswaldo Bracho.
«Perú expresa su preocupación»
El gobierno de Perú manifestó su preocupación por la situación en un comunicado difundido por la Cancillería de ese país.
«Perú expresa su preocupación ante la creciente limitación al ejercicio del derecho de participación ciudadana de todos los sectores políticos en Venezuela, que ha conllevado, entre otras medidas restrictivas, la detención de dirigentes de la oposición», señaló el gobierno de Dina Boluarte.
Reiteró asimismo el llamado a que se cumplan «de buena fe» los acuerdos que se suscribieron en octubre pasado para garantizar unas elecciones libres en Venezuela.
La «firme condena» de Chile
El gobierno chileno de Gabriel Boric expresó su «firme condena» a la detención arbitraria de los dirigentes opositores y advirtió que estos hechos afectarán seriamente la realización de una elección presidencial democrática, transparente y libre.
«El gobierno de Chile se suma a los llamados formulados por instancias multilaterales de derechos humanos para que Venezuela ponga fin al hostigamiento contra los opositores políticos», expresó la Cancillería chilena en un comunicado, en el que agregó que ello constituye «una acción contraria al espíritu democrático» que debe predominar en todo el proceso y a los acuerdos de Barbados, validados por la comunidad internacional.
La posición del Ejecutivo de Gabriel Boric tuvo una respuesta de las autoridades chavistas. Rander Peña, viceministro para América Latina, entregó el jueves una nota de protesta al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, por la condena que hicieron de las detenciones de dirigentes opositores.
«Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, colaborando con una sistemática campaña de desprestigio contra Venezuela», dijo el funcionario chavista en su cuenta de X.
Colombia, también preocupado
El gobierno colombiano de Gustavo Petro, cercano aliado de Nicolás Maduro, también hizo saber su preocupación por la situación en Venezuela, que ha sido justificada por el régimen chavista por supuestos planes conspirativos contra Nicolás Maduro.
«Colombia expresa su preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en la ruta del proceso político en Venezuela en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados», dijo el canciller Luis Gilberto Murillo en un comunicado, en el que no mencionó la persecución contra María Corina Machado.
El gobierno de Petro aseguró asimismo que su país ha tenido un papel constructivo y subrayó que apoya el cumplimiento de los acuerdos de Barbados y los avances «que se están dando» en torno a esas conversaciones.
«Hemos estado en contacto tanto con nuestro embajador en Venezuela como con el canciller Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y representantes de la oposición para evaluar la situación, la coyuntura que tenemos», agregó Murillo.
Canadá exige la liberación
El gobierno de Canadá exigió la liberación inmediata de los opositores del equipo de María Corina Machado detenidos por el régimen de Maduro y reclamó la implementación del Acuerdo de Barbados para garantizar elecciones libres y justas.
«Canadá condena las órdenes de arresto emitidas y la detención arbitraria de miembros de la oposición en Venezuela, así como la actual represión de la sociedad civil. Pedimos su liberación inmediata en el espíritu de la plena implementación del Acuerdo de Barbados y para garantizar elecciones libres y justas», señaló la Cancillería en X.
Reino Unido instó a cumplir los acuerdos
David Rutley, vicecanciller para América Latina y el Caribe de Reino Unido, denunció asimismo las órdenes de arresto emitidas contra miembros de la oposición democrática en Venezuela y exigió la liberación de todos los detenidos arbitrariamente.
Instó a que se implementen garantías electorales en línea con el Acuerdo de Barbados. «Los venezolanos merecen algo mejor», manifestó el funcionario británico.
Argentina pide elección democrática en Venezuela
El gobierno de Argentina condenó la detención de dirigentes políticos opositores a Maduro y abogó por la celebración de elecciones democráticas y transparentes en ese país.
«El gobierno de la República Argentina condena firmemente y expresa su absoluto repudio a la detención arbitraria por parte de las autoridades venezolanas de Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.
Afirmó que rechaza la emisión de órdenes de detención contra otros dirigentes de la organización Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado.
«Argentina se suma al llamado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que Venezuela ponga fin al hostigamiento contra los opositores políticos, al tiempo que reafirma su compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y aboga por la celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, competitivas, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa», añadió.
Uruguay advierte sobre el deterioro de la situación política
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay manifestó su rechazo a las detenciones y advirtió sobre el deterioro progresivo de la situación política con los acontecimientos de los últimos días. «Una escalada que corrobora el alejamiento definitivo de los Acuerdos de Barbados por parte del gobierno venezolano», expresó.
«Uruguay condena estas acciones arbitrarias y sigue con preocupación y solidaridad estos acontecimientos en que, desde las estructuras del Estado, se avasallan los derechos humanos de los opositores al régimen», agregó el Ejecutivo uruguayo.