La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió este miércoles al Estado que garantice el derecho a la educación de los adolescentes detenidos en el contexto de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.
El director de la ONG, Humberto Prado, explicó en una nota de prensa que los niños y adolescentes tienen derecho a la educación y es «el deber» del Estado venezolano hacer «todo el esfuerzo posible» para brindar esta atención a los privados de libertad.
«El deber del Estado es cumplir integralmente la atención del adolescente privado arbitrariamente de su libertad, en vista de que todo está consagrado en normas nacionales e internacionales. Y además debe cumplir ese trato diferenciado de los adolescentes en este proceso totalmente arbitrario e ilegal», añadió.
Prado señaló que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente establece que el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes debe contar con entidades de atención donde se brinde formación socioeducativa integral para los menores de edad detenidos.
Indicó asimismo que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño destaca la importancia de que a los jóvenes detenidos se les asegure el derecho a la educación.
El OVP sostuvo que ha recibido testimonios de familiares que han estado haciendo gestiones entre los colegios y los centros de reclusión para que estos jóvenes puedan recibir clases.
Las madres indicaron que han recibido el apoyo de los centros educativos de enviar guías de estudio o trasladar profesores para que den clases, por lo que -dijeron- esperan la autorización de los centros penitenciarios.
El 21 de octubre, familiares de menores de edad detenidos entregaron un documento a Unicef en Caracas para solicitarle que interceda con el fin de que sean liberados los niños y adolescentes que -aseguraron- están encarcelados, así como para verificar en qué condiciones se encuentran.
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