El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) respaldó este miércoles la posición conjunta de cinco relatores, dos grupos de trabajo y un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes calificaron de inadecuadas las condiciones en los centros de detención, penitenciarios y preventivos en Venezuela.
A través de X, el OVP recordó que los ocho expertos señalaron la «falta sistémica de acceso adecuado a alimentación, agua, saneamiento, atención y tratamientos médicos» en los centros de reclusión.
«Estas denuncias, junto con los señalamientos de violencia física, sexual y de género por parte de autoridades estatales podrían resultar en una violación del derecho inalienable de vivir libre de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», indicó el OVP.
En el pronunciamiento conjunto de ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dos Grupos de Trabajo y seis Relatores Especiales de DD. HH. expresaron su preocupación por las condiciones de detención inadecuadas en los centros penitenciarios y centros preventivos en… pic.twitter.com/IkisnjEME2
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 15, 2025
Según el documento de los expertos, las condiciones de detención «se habrían agravado» tras las presidenciales del 28 de julio, debido -añadió- al «significativo aumento de personas detenidas», arrestadas en el contexto de la crisis poselectoral generada por el rechazo al triunfo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, otorgó a Nicolás Maduro.
Asimismo, reflejan el «aumento del hacinamiento» tras las elecciones y destacan que la situación de los presos «se habría agravado» también por las «restricciones» de visitas familiares para «algunas personas privadas de libertad opositoras del Gobierno o percibidas como tales».
El OVP afirmó que Estado «tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger la vida de las personas privadas de libertad», pero -agregó- «solo atenta contra la integridad física de los presos y presas al negarles visitas, cometer actos de torturas, ejecutar requisas violentas y por quitarle el derecho a los detenidos de elegir a un defensor de su elección».
Por otra parte, instó al Estado a que cese la «persecución» y las «detenciones arbitrarias» contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y líderes de la sociedad civil.