El 30 de abril, el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe anual de 2023 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. A propósito de esto, el coordinador general de la institución, Oscar Murillo participó en el programa Punto y seguimos, de Radio Fe y Alegría Noticias, para hablar del capítulo de pueblos indígenas.
El defensor de derechos humanos señaló que hay una “marcada prolongación” de la emergencia humanitaria compleja y un modelo económico que excluye los derechos sociales, impactando de peor forma a comunidades vulnerables como los pueblos indígenas.
Murillo señaló que el Estado incumple sus obligaciones de garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y silencia con represión los reclamos por mejores condiciones de vida.
“Nos preocupa el empobrecimiento de las comunidades indígenas, al no haber las posibilidades del sustento diario o de una economía que, en respeto de sus propias tradiciones, les permitan garantizar unas condiciones de vida digna”, indicó el defensor.
Comunidades más afectadas
Agregó que poblaciones indígenas de estados como Delta Amacuro padecen enfermedades endémicas sin la debida asistencia sanitaria.
“La desarticulación absoluta de los entes públicos lleva a que estas comunidades no tengan una atención y un sistema estructural que brinden protección”, señaló.
Por otro lado, en el oeste del estado Bolívar se registra el mayor número de fallecidos en el marco de actividades ilícitas de extracción de minerales, donde indígenas se ven obligados a participar o a huir.
“Hay grupos que se han visto forzados a coparticipar en estas actividades extractivistas, en oposición a sus leyes ancestrales de protección de la tierra. Se consiguen en la disyuntiva, prácticamente de vida o muerte, de te mueres de hambre, te vas de la comunidad o te pasan por encima”, indicó.
De acuerdo con Murillo, se debe dar cumplimiento al derecho de la delimitación de las tierras y activación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución.
Además es necesario un plan articulado y diferenciado de asistencia social para atender a comunidades indígenas que padecen hambre y sufren graves problemas sanitarios.
“Esto debe ser una prioridad absoluta del Estado y de todos los componentes del Estado”, finalizó.