Rocío San Miguel abogados Familia de Rocío San Miguel pide a España que acompañe el proceso hasta lograr su libertad
Foto: Cristian Hernández / AFP

Más de 80 organizaciones exigen que se garanticen los derechos constitucionales y la defensa de la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, detenida hace más de un mes acusada de participar en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro.

Así lo destacó la organización no gubernamental Provea en la red social X, donde señaló que la criminalización de las defensoras de derechos humanos pretende debilitar la lucha por la justicia y la igualdad en Venezuela.

«La política de represión afecta de forma diferenciada a las mujeres, el efecto silenciador y de amedrentamiento es pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar», dijo.

Desaparición forzada por más de tres días

La ONG denunció que Rocío San Miguel sufrió desaparición forzada por más de tres días, desde el viernes 9 de febrero, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda. El 12 del mismo mes la presentaron ante el Tribunal 2° contra Terrorismo en Caracas, sin permitírsele designar a sus abogados de confianza.

«Este acto de represión contra Rocío San Miguel busca un efecto paralizante en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que, como ella, se atreven a alzar la voz contra las injusticias», expresó.

Recordó asimismo que el régimen de Nicolás Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria «por su trabajo como defensora» frente a su ONG Control Ciudadano. «Donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», añadió.

Y subrayó que la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, que expresó preocupación por la detención de la experta, advirtió que la práctica de intimidar a familiares responde a un patrón ya reportado en informes anteriores.

«Exigimos la inmediata liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona y todas las personas presas políticas y personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Venezuela», manifestó Provea.


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